La comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia comenzó el análisis de “Ficha Limpia”. Pusieron en debate el proyecto que presentó el Poder Ejecutivo este año y otro del PRO-NCN acompañado por otros bloques. El presidente del cuerpo, Ernesto Novoa (Comunidad) aseguró que el tema constituye una “prioridad” para el gobierno provincial por lo que desde su banca recopilará las sugerencias y los aportes de los distintos espacios para avanzar en el tratamiento durante las próximas reuniones de comisión.
“No es más que un condicionamiento para la presentación de futuros postulantes a personas condenadas” sintetizó Novoa al iniciar el debate y aclarar que el objetivo es tratarlo con “un plazo perentorio” en la comisión, en tanto “es intención del gobierno darle prioridad” a la sanción de la ley.
A su turno, el diputado Marcelo Bermúdez (PRO-NCN) dijo que “ficha limpia no es una modificación del Código Penal sino un derecho de admisión” que ya tienen quienes ingresan a la administración provincial. Por caso mencionó que el estatuto del empleado público contempla restricciones vinculadas a la “condición moral y de conducta avalada por sus antecedentes” por lo que consideró justificado replicar el criterio a los máximos órganos de conducción de la provincia.
En cuanto a las diferencias entre la propuesta de su bloque y la elevada por Figueroa, Bermúdez se inclinó a favor de que se contemplen los delitos como las calumnias e injuria que atentan contra el honor de la persona y, en particular, cuestionó la posibilidad de liberar la restricción de asumir como funcionario público una vez cumplida la condena judicial. “No es ficha limpia, sería ficha sucia” aseguró tras subrayar que ficha limpia implica justamente que no se poseen antecedentes penales para asumir determinadas funciones públicas.
Desde el MPN, Claudio Domínguez pidió encauzar el debate en “los requisitos” para acceder a la ficha limpia y coincidió en que el cumplimiento de la condena no debería habilitar a la persona a ejercer como funcionario. “Un violador, un estafador o un asesino podría ser candidato” bajo ese criterio, cuestionó el diputado.
Al hablar, Francisco Lepore (Avanzar) pidió diferenciar los tipos de delitos, culposos o dolosos, en tanto constituyen “una gran diferencia” aquellos que conllevan la intención de causar el daño de aquellos que por negligencia lo producen, como es el caso de una maceta que cae de un edificio y le golpea a un peatón, según ejemplificó. “Eso lo imposibilita –de ejercer como funcionario- y eso me parece injusto” opinó el legislador tras recordar que “lo que estamos juzgando es la intención” de ocasionar el daño. Finalmente recordó que la propuesta del gobernador alcanza al funcionariado público, hasta direcciones provinciales inclusive, no solo a cargos electivos.
En contra se pronunció Andrés Blanco de la banca del PTS-FIT-U rechazó la iniciativa. «Este proyecto muestra el alineamiento de Figueroa con el presidente Milei”, aseguró. «No tenemos ninguna confianza en esta justicia con jueces con sueldos millonarios puestos a dedo que arman y desarman causas contra las organizaciones y la oposición. No vamos a permitir que el Poder Judicial sea el que decida quienes pueden ser candidatos y quienes no”, denunció Blanco y afirmó: “Es totalmente antidemocrático. Pueden manipular el proceso electoral y violar la voluntad popular”.
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