En un tratamiento exprés, la Legislatura neuquina aprobó la ley que envió el gobernador Rolando Figueroa esta semana.
Diputados y diputadas, en un tratamiento express pero con un intenso debate, dio luz verde al plan de reactivación de obra pública del Ejecutivo Provincial.
El tratamiento del proyecto de reactivación de obra pública se realizó sobre tablas, es decir, sin un despacho de comisión, situación que generó fuertes críticas por parte de la oposición. Durante el debate, se modificó el texto original y se incorporó un artículo que declara la emergencia en la obra pública provincial como consecuencia de la ruptura de la ecuación económica, cambio propuesto por el MPN y que abarca a todos los contratos en curso de ejecución.
Al explicar la iniciativa, el diputado Ernesto Novoa (DC-Comunidad)mencionó que se trata de una autorización para renegociar contratos por la falta de envío de fondos por parte del gobierno nacional que derivaron en la paralización de 400 obras y ante la necesidad de la provincia de dar continuidad y resolver cuestiones de infraestructura de escuelas, hospitales, dependencias policiales y rutas. “Hay obras que no pueden esperar más”, dijo.
Sobre el articulado, Novoa sostuvo que se trata de una autorización para que el gobierno provincial pueda negociar nuevamente con las empresas contratistas y modificar contratos que requieran actualizaciones relacionadas al proceso inflacionario o por la paralización de las mismas. “Es darle seguridad jurídica a los actos de gobierno”, sintetizó el legislador al resaltar la importancia de la ley.
En ese sentido, el diputado Marcelo Bermúdez (PRO-NCN) señaló que el Poder Ejecutivo necesita contar con un instrumento legal para renegociar esos contratos. Aclaró que la redefinición de las obras es una potestad que le corresponde al Ejecutivo provincial y sostuvo que la urgencia en el tratamiento de la normativa se debe a que extender los plazos de su aprobación pueden derivar en un incremento de los costos que se debe negociar en cada caso.
La incorporación de la declaración de emergencia la planteó el diputado Claudio Domínguez (MPN) al observar que el texto original del proyecto carecía del motivo para justificar la reactivación de la obra pública. “Autorizamos al Ejecutivo a renegociar, pero sin la declaración de emergencia, le decimos que aplique la ley 687 tanto para alcanzar un acuerdo como para rescindir un contrato”, fundamentó el legislador al observar su declaración otorga seguridad jurídica a las partes.
También criticó la decisión del gobierno nacional de reiterar el financiamiento de las obras acordado con la anterior gestión, no obstante indicó que desde el mes de diciembre hay una gran cantidad de obreros esperando la reactivación de la actividad y posponer más tiempo su puesta en marcha puede significar un aumento en dólares en cada contrato.
Sobre este punto, Guillermo Monzani, de Hacemos Neuquén, recordó que también existe una inflación en dólares y la misma ronda el 20%. Respecto a la incorporación del concepto de emergencia en la ley, postuló que de esta forma se “blinda” a la provincia ante posibles instancias jurídicas que se puedan ocasionar en el futuro.
Desde Unión por la Patria, el diputado Darío Martínez calificó de “escandaloso” votar una ley sobre tablas sin tener información del tipo de obras, los montos y las prioridades. Objetó que en una declaración de emergencia se deben explicitar los motivos que la justifiquen e indicó que no efectuar algún reclamo ante el gobierno nacional para solicitar la continuidad del financiamiento de los contratos, puede derivar en una disputa judicial que a futuro puede comprometer a la provincia.
Su compañera Lorena Parrilli consideró que la Legislatura sigue “batiendo récords en relación a cheques en blanco” al advertir que nunca se votó una ley sobre tablas “cuando acaba de entrar” y pidió analizarlo “a la luz del endeudamiento feroz que quiere meter el gobernador de 500 millones de dólares”. En tanto, Darío Peralta hizo eje en las dudas que genera el apuro para tratar la ley y pidió transparencia. Recordó que su bloque presentó un proyecto para que la Fiscalía de Estado inicie acciones contra el Estado nacional exigiendo el cumplimiento de sus obligaciones de financiamiento de obras. Al respecto, subrayó que el reclamo debe hacerse ante Nación y advirtió que “no está bien que se hagan cargo los neuquinos y neuquinas”.
El diputado Andrés Blanco, de PTS-FIT-U, también objetó la forma de tratamiento del proyecto y la falta de información para discutir la obra pública. “Es un cheque en blanco que le da súper poderes al ministro de Infraestructura”, aseguró. En sentido similar se pronunció la diputada Gabriela Suppicich (FIT-U) quién pidió conocer detalles sobre el plan que se quiere reactivar y pidió que se debata en comisiones con la presencia de funcionarios.
