Diputados y diputadas de diferentes bloques aprobaron el proyecto para autorizar a la Policía de Neuquén usar armas menos letales como las pistolas Taser. Votaron en contra la diputada Ludmila Gaitán del Movimiento Popular Neuquino y el diputado Andrés Blanco del Frente de Izquierda.
“No quedan dudas de la pertinencia” para aprobar la norma que habilita el uso de armas menos letales en la policía neuquina que, recordó su impulsor Marcelo Bermúdez del PRO, ya son utilizadas por otras fuerzas federales, tanto en la provincia como en otras jurisdicciones. “No hay dudas de la constitucionalidad de la norma” sentenció tras advertir que es el análisis que le compete a la comisión en cuestión.
A su turno, el titular de la comisión, Ernesto Novoa (DC-Comunidad) subrayó que el objetivo es “salvar vidas”, tanto de los civiles como de los agentes que prestan servicio y aclaró que el Ejecutivo evaluará qué dispositivos adquirir y en qué momento. “No es que mañana van a salir a comprar armas” aseguró y aclaró que es un dispositivo “accesorio que acompañará a escasísimos policías” ya que las armas son, según dijo, muy “limitadas y la capacitación muy extrema”. Además, recordó que “la voz del Ejecutivo” se encuentra en el informe remitido por la jefatura de policía que recomienda justamente este tipo de armas.
Desde el MPN, Claudio Domínguez sugirió que se incorpore en el texto una referencia a lineamientos de actuación internacionales, mencionó por caso resoluciones de la Organización de Naciones Unidas vinculadas a protocolos, monitoreo y capacitación como ítems exigibles para la habilitación del armamento en cuestión. El pleno adelantó que la sugerencia se incluirá en la reunión de Hacienda y Presupuesto o durante su tratamiento en el recinto.
A su turno, César Gass (JxC) justificó el voto afirmativo al sostener que es preferible utilizar “un arma con consecuencias mucho menores antes que una que no tiene vuelta atrás”.
Los argumentos disidentes fueron planteados en primera instancia por la diputada Gaitán que se ausentó al momento de la votación pero adelantó su posición negativa al criticar “la amplitud” de la redacción. “No planteamos como problema la utilización de estas armas” aclaró la legisladora tras remarcar que el cuestionamiento es al texto de la ley que “no pone ningún límite” para su uso. “Puede ser abusivo por lo amplio que es el articulado”, señaló tras advertir, además, que “no es real” que reemplazará al arma de fuego. Finalmente, cuestionó que el Ministerio de Seguridad, en tanto autoridad de aplicación, no se haya expedido y que la comisión de origen no haya recibido al Comité contra la Tortura durante el debate.
Desde el PTS-FIT-U, Andrés Blanco también rechazó la propuesta al advertir que se utilizará para reprimir en protestas sociales y cuestionar el contexto social, de crisis socio-económica, en el que se aprueba una medida de estas características. Constituye una medida más para “avanzar en políticas represivas” , concluyó el legislador.
Si bien votó a favor, el diputado Darío Martínez de Unión por la Patria criticó que no se haya expedido la cartera de Seguridad y la falta de previsión presupuestaria, al tratarse de dispositivos de elevado costo. “No es una demanda del sector” policial, indicó al señalar que carecen de otros recursos tales como chalecos, municiones y móviles. Mencionó, además, que se trata de un armamento difícil de manipular y que, por los costos de las municiones –del orden de los 50 dólares cada una- las fuerzas nacionales no se están capacitando.
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