Se realizó la cuarta audiencia del juicio «Escuelita VIII», en la que escuchó las declaraciones de testigos por las actuaciones de los exfuncionarios judiciales Pedro Laurentino Duarte y Víctor Marcelo Ortiz, acusados por crímenes de lesa humanidad cometidos en la región durante la última dictadura cívico militar.
El Tribunal Oral Federal 1 (TOF) de Neuquén realizó este lunes la cuarta audiencia del juicio «Escuelita VIII», en la que escuchó las declaraciones de testigos por las actuaciones de los exfuncionarios judiciales Pedro Laurentino Duarte y Víctor Marcelo Ortiz, acusados por crímenes de lesa humanidad cometidos en la región durante la última dictadura cívico militar.
La audiencia comenzó pasadas las 14.30 con la declaración de Carlos Martín Arias, nieto del juez federal de Neuquén Carlos Ramón Arias quien, en 16 de marzo de 1976, sufrió un atentado mediante un artefacto explosivo que le colocaron en la puerta de su casa, cuyo hecho se adjudicó la Triple A días después.
Meses más tarde, Carlos Ramón Arias fue cesanteado y en su reemplazo designaron a Duarte.
Durante su declaración, Arias contó que su padre, quien era diputado provincial por el peronismo, fue detenido a fines de marzo de 1976 en la ciudad de Bahía Blanca.
Cuando regresaba de Buenos Aires en tren, “suben los militares, lo detienen a él, se lo llevan y mi abuelo que en ese momento era juez federal no pudo más que sentarse y volverse a Neuquén”.
Además, indicó que su padre estuvo detenido, en la cárcel de Floresta (Bahía Blanca) y luego en la cárcel de Rawson (Chubut), hasta aproximadamente julio de 1978: “Yo solo recuerdo a mi padre volviendo a casa hecho un palo con anteojos muy grandes”.
Luego, a través de Zoom, declaró Eduardo Buamscha, exdetenido y exiliado, quien recordó que cuando se instauró la dictadura cívico militar en Argentina era diputado provincial por San Martín de los Andes y era compañero de banca del diputado Arias.
Buamscha contó que la noche del 24 de marzo de 1976 se encontraba junto a otras personas en la casa de Arias, aunque su compañero no estaba: “Estábamos esperando el golpe que ya sabíamos que se iba a producir”, expresó.
“En un momento vemos que se estaba acercando el Ejército, yo me escapo, y, cuando se van, regreso y me dicen que había estado (el represor Raúl) Guglieminetti y el mayor Farías Barrera, que se llevaron mis cosas y que nos buscaban a Arias, a mí” y a otros compañeros, relató el hombre.
Tras esa situación, indicó que, a través del secretario del obispo Jaime de Nevares, se presentó al comando donde estaba el mayor Oscar Reinhold, quien le indicó que le iban a hacer unas preguntas y luego lo dejarían en libertad.
Sin embargo, Buamscha fue interrogado por la Policía Federal y quedó detenido por un lapso aproximado de 15 meses.
En ese tiempo estuvo en la U9 de Neuquén, la Escuelita de Bahía Blanca -en donde reconoció a Alicia Pifarré y a Susana Mujica, aún desaparecidas-, el penal de Rawson y la cárcel de Devoto en Buenos Aires, hasta que México le brindó asilo político donde estuvo hasta 1984, detalló.
En varias oportunidades de su declaración, Buamscha aseguró que en el transcurso de su detención “en ningún momento» tuvo acceso «a ningún abogado, juez o fiscal federal”.
El tribunal está integrado por los jueces María Paula Marisi, Alejandro Silva y Sebastián Foglia, mientras que los imputados son Pedro Laurentino Duarte y Víctor Marcelo Ortiz.
Duarte se desempeñó como juez a cargo del Juzgado Federal de primera instancia de Neuquén entre el 2 de agosto de 1976 y el 30 de septiembre de 1984, mientras Ortiz ejerció como procurador fiscal federal ante ese órgano judicial entre el 23 de septiembre de 1976 y el 1 de abril de 1985.
Antes de ejercer esas funciones, Duarte fue auditor de la Sexta Brigada de Infantería de Montaña de Neuquén y Ortiz fue secretario del juzgado federal.
Los exfuncionarios llegaron a juicio acusados en carácter de autores del delito de omisión, de promover la persecución penal y de partícipes secundarios de la privación ilegal de la libertad, cometida por funcionario público, agravada por el empleo de violencia, y por ser la víctima perseguido político.
Duarte también llegó como imputado del delito de prevaricato, una figura especial que reprime al juez que dictare resoluciones contrarias a la ley o fundadas en hechos falsos.
En el escrito de elevación a juicio, se precisó la colaboración expresa que tanto Duarte como Ortiz prestaron en distintos casos que involucraron a desaparecidos y víctimas de la última dictadura: Orlando Cancio, María Teresa Oliva y su esposo, Enrique Esteban, José Méndez, Darío Altomaro, Susana Mujica, Josefa Lépori de Mujica, Alicia Pifarré, Miguel Ángel Pincheira, Javier Seminario Ramos, Oscar Ragni, Arlene Seguel, César Giliberto, Mirta Tronelli, Carlos Cháves, César Giliberto, Mirta Tronelli, Cecilia Vecchi, Lucio Espíndola, Carlos Schedan, y el matrimonio de Raúl Metz y Graciela Romero, ambos desaparecidos cuando ella estaba embarazada de cinco meses.
En junio se realizó una audiencia anticipada, solicitada por la Fiscalía y las querellas de la Asamblea por los Derechos Humanos (APDH) y del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH), debido a la edad avanzada de los testigos y porque el tribunal, hasta ese momento, no había fijado la fecha de inicio del juicio.
En esa audiencia declararon el abogado Guillermo Correa y la referente de la APDH Neuquén, Noemí Labrune, quien falleció el pasado 10 de septiembre.
Este es el octavo juicio que se realiza en la provincia por crímenes de lesa humanidad, y el primero que aborda la responsabilidad de funcionarios judiciales durante el terrorismo de Estado.
Las declaraciones continuarán en la próxima audiencia, que se realizará el viernes 15 de diciembre a partir de las 8.30, según informó el TOF.
Autor
