El exdirector de Planes Sociales de Neuquén Ricardo Soiza, el exdirector de Fiscalización del Ministerio de Desarrollo Social provincial Néstor Sanz y el responsable de Gestión de Programas del organismo Marcos Osuna quedaron detenidos en prisión preventiva por cuatro meses, acusados de integrar una asociación ilícita para la administración de planes sociales con el fin de quedarse con fondos públicos.
El fiscal del caso, Juan Manuel Narváez, en audiencia realizada este lunes en la Ciudad Judicial, solicitó la prisión preventiva por ocho meses para los tres imputados por considerar que hubo «entorpecimiento de la investigación» y «manipulación y amedrentamiento» hacia los otros imputados, indicó el Ministerio Público Fiscal (MPF) en un comunicado.
Narváez detalló que «si bien los tres acusados son investigados desde el año pasado, a partir de los allanamientos realizados la semana pasada y de nuevos testimonios obtenidos en el último mes se constató que han desplegado maniobras de entorpecimiento de la investigación».
Asimismo, relató que, entre junio y julio de este año, otros cuatro imputados en la causa se presentaron en el MPF y afirmaron haber sufrido maniobras de «manipulación y amedrentamiento» por parte de Soiza, Osuna y Sanz y del abogado que originalmente los representó.
En tanto, la defensa oficial de Osuna y Sanz y el abogado particular de Soiza plantearon alternativas a la detención.
Sin embargo, tras escuchar a las partes, y luego de un cuarto intermedio de una hora, el juez a cargo de la audiencia, Cristian Piana, desestimó los planteos de las defensas y ordenó la prisión preventiva para los tres ex funcionarios, aunque consideró suficiente el plazo de cuatro meses.
El proceso se inició tras una denuncia realizada por autoridades del Banco Provincia de Neuquén el 26 de junio del 2022, que alertó por una maniobra en la que personas que no cobran planes sociales utilizaban las tarjetas de los beneficiarios para retirar el dinero de los cajeros automáticos.
Se realizaron allanamientos en las oficinas del Ministerio de Desarrollo Social y en las de la Dirección provincial de Planes Sociales, donde se obtuvo información relacionada con 193 casos en investigación.
El fiscal jefe Pablo Vignaroli detalló en ese momento que las extracciones comenzaron en 2020 y que continuaron hasta julio de 2022, por un monto total de $123 millones.
En noviembre del 2022, Vignaroli formuló cargos contra 19 personas por supuestamente integrar, con distintos niveles de participación, una asociación ilícita orientada a quedarse con fondos públicos que tenían como destino original atender situaciones de vulnerabilidad producto de la desocupación.
Al momento de los hechos, Soiza ocupaba la dirección general de Gestión de Planes Sociales del Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo.
Según la investigación, Soiza intervino como «jefe» de la organización y tenía dos colaboradores directos en la ejecución de las maniobras delictivas: Sanz y Osuna. (Télam)
