En respuesta al reciente llamado del presidente Javier Milei durante la Asamblea Legislativa para implementar un conjunto de medidas de carácter punitivista, Laura Rodríguez Machado, presidenta de la comisión de Legislación Penal y miembro del PRO, tomó la iniciativa de avanzar en este sentido. La diputada convocará a un plenario para el miércoles 12 de marzo, con el objetivo de abordar la baja de la edad de imputabilidad.
Según la Agencia Noticias Argentinas, Rodríguez Machado, quien mantiene una estrecha relación con la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, convocará a un plenario que incluirá a las comisiones de Legislación Penal, Justicia, Familia y Presupuesto. Este encuentro, que tendrá lugar al mediodía, se centrará en debatir una reforma integral del Régimen Penal Juvenil.
El 1 de marzo, Javier Milei volvió a insistir en su postura sobre la necesidad de reducir la edad de imputabilidad penal. Según expresó, considera que «aquellos que tienen la capacidad de actuar con plena conciencia al cometer delitos graves, deben enfrentar las consecuencias legales como adultos«.
Este debate no es nuevo en el ámbito político argentino. En junio del año pasado, el Poder Ejecutivo presentó un proyecto de ley impulsado por Patricia Bullrich y Mariano Cúneo Libarona, entonces responsables de Seguridad y Justicia, respectivamente. Esta iniciativa busca disminuir la edad de imputabilidad de los actuales 16 años a 13. Sin embargo, no es la única propuesta en discusión: existen otras 12 iniciativas similares que cuentan con estado parlamentario y han sido presentadas por representantes de diversos bloques políticos.
El tema volvió a cobrar relevancia tras el trágico asesinato de Kim en La Plata, crimen perpetrado por dos adolescentes. Este caso, junto con otros hechos violentos recientes protagonizados por adolescentes, reavivó el debate sobre la edad a partir de la cual una persona puede ser considerada penalmente responsable. En este contexto, la senadora Laura Rodríguez Machado planea retomar la discusión en el Congreso, que había quedado suspendida desde agosto del año pasado, cuando se realizaron audiencias con especialistas y funcionarios en un plenario de comisiones.
A pesar de que las discusiones en las comisiones parlamentarias fueron intensas y abordaron temas cruciales, no se logró avanzar hacia la firma de dictámenes debido a la falta de consenso sobre cómo debería ser la reforma del régimen de minoridad. Además, el Gobierno no mostró un esfuerzo significativo para mantener el tema en el foco de la agenda legislativa.
Aunque el aspecto más destacado de la reforma se centra en la edad de imputabilidad, el debate sobre el régimen penal juvenil abarca mucho más. Se discuten cuestiones como los tipos de delitos que deberían ser punibles para menores, las penas de prisión aplicables, las alternativas a estas penas y las medidas de resocialización necesarias para evitar que los jóvenes reincidan en actividades delictivas tras cumplir sus condenas.
El Gobierno presentó un proyecto que introduce una variedad de sanciones alternativas destinadas a abordar las infracciones. Estas medidas incluyen desde amonestaciones y restricciones de contacto o proximidad con la víctima, hasta prohibiciones de salir del país o del lugar de residencia, conducir vehículos, monitoreo electrónico, y la realización de servicios comunitarios, entre otras disposiciones.
En cuanto a la resocialización, el régimen penal para menores contempla la implementación de programas educativos, de formación ciudadana, actividades deportivas y, en caso de ser necesario, tratamientos médicos específicos.
Asimismo, se propone la creación de la figura del supervisor, un profesional que tendrá la tarea de acompañar y orientar al joven infractor durante su proceso de rehabilitación y reintegración en la sociedad.
El proyecto también establece que no se podrá aplicar a menores penas de reclusión perpetua, fijando un máximo de 20 años de prisión, incluso en casos donde la escala penal pudiera ser mayor debido a la concurrencia de varios delitos independientes.
Finalmente, se prevé la posibilidad de revisar la pena una vez cumplidos dos tercios de la condena, permitiendo que el tiempo restante pueda ser cumplido bajo arresto domiciliario.
El proyecto de ley en discusión propone ampliar las opciones para el cumplimiento de penas por parte de menores, incluyendo alternativas como institutos abiertos o especializados, además de la prisión tradicional o el arresto domiciliario.
En una entrevista con Radio Splendid AM 990, la diputada del PRO, Rodríguez Machado, explicó que esta iniciativa busca establecer medidas que, según la naturaleza del delito, no solo prevengan la reincidencia, sino que también eviten que los jóvenes se vean atrapados en un ciclo delictivo. La legisladora subrayó que esta reforma del Régimen Penal Juvenil va más allá de modificar la edad de imputabilidad y destacó la participación de 113 diputados en el debate, lo que representa casi la mitad de la Cámara de Diputados.
Según Rodríguez Machado, el objetivo no es únicamente recurrir a la prisión para menores de 16 años, sino garantizar que el Estado brinde contención a través de diversas modalidades de cumplimiento de penas, como el arresto domiciliario, ajustadas a la gravedad del delito y considerando la condición de menor de edad.
Autor
