La comisión de Derechos Humanos acompañó el proyecto de declaración que rechaza el cierre de la Unidad Especial de Investigación de la desaparición de niños, niñas y adolescentes por el accionar del terrorismo de Estado.
El pronunciamiento pide la derogación del decreto 727/2024 que elimina dicho organismo, dedicado a asistir a los requerimientos de la CONADI y las peticiones judiciales o provenientes de fiscales, que se formularan en las causas instruidas por secuestros de niños y niñas, como así también en las investigaciones conexas desprendidas de los expedientes principales.
Al explicar la iniciativa en la reunión de esta mañana, el diputado Darío Peralta de Unión por la Patria enmarcó la medida en un nuevo “vaciamiento” por parte del Estado nacional al tiempo que calificó de “terrible” quitarle la posibilidad de devolverle la identidad a niñas y niños secuestrados durante la última dictadura cívico-militar. “Vaciarla y cerrarla tiene que ver con ocultar la verdad” denunció el legislador.
A su turno, César Gass de Juntos por el Cambio- UCR cuestionó el argumento por el cual el gobierno nacional le dio de baja al organismo, vinculado –según explicó Gass- a que se trataba de funciones inherentes al Poder Judicial. “Es una falacia” señaló el diputado al explicar que la unidad en cuestión funcionaba como espacio de apoyo. Su supresión “responde a la política de Derechos Humanos del gobierno nacional”, opinó.
Desde la presidencia del cuerpo, Yamilia Hermosilla de Comunidad sostuvo que “pareciera que el gobierno nacional quisiera borrar una parte de la historia” argentina con políticas “de desprecio” en materia de Derechos Humanos.
Finalmente, el diputado Andrés Blanco del PTS-Frente de Izquierda votó la propuesta tras considerar que el cuerpo legislativo debe acompañar todo pronunciamiento “que trate de frenar el negacionismo” del gobierno nacional sobre el terrorismo de Estado instaurado en el ‘76, en particular en Neuquén que es la capital de los Derechos Humanos.
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