El ministro de Seguridad, Matías Nicolini, participó del encuentro del Consejo Federal Penitenciario. Asistieron la totalidad de los ministros de seguridad de todas las provincias argentinas.
El ministro de Seguridad, Matías Nicolini, participó del encuentro del Consejo Federal Penitenciario que se realizó en Buenos Aires y estuvo presidido por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Al encuentro asistieron la totalidad de los ministros de las carteras de seguridad de las provincias argentinas.
En la oportunidad se trataron temáticas relacionadas al Sistema Penitenciario Federal, como los objetivos de la gestión en materia penitenciaria y los cambios que aplicarán en cuanto a la seguridad, custodia, planes de resocialización de las personas privadas de la libertad y programas de formación para el personal penitenciario.
“La problemática en Neuquén es muy similar a la que tenemos todos en el resto del país, salvando las distancias en cuestiones demográficas. Neuquén implementó en el 2014 un nuevo código procesal de vanguardia, casi simultáneamente se hace el descubrimiento que ya todos conocen de Vaca Muerta, lo que trajo un gran crecimiento demográfico, pero eso no fue acompañado de políticas penitenciarias”, expresó Nicolini.
Compartió ante sus pares la reciente Ley de Emergencia Penitenciaria y recordó que hay “una inversión prevista de 42 millones de dólares para la ampliación de infraestructura”.
El ministro sostuvo que “la cuestión carcelaria no solo es un problema edilicio, sino que hemos decidido incorporar a todas las figuras en una mesa de trabajo, somos conscientes que solos nos podemos resolverlo” y agregó “convocamos a todos los poderes del estado para discutir una problemática común y somos conscientes que solos, desde el Ejecutivo, no lo podemos resolver”.
El Consejo Federal Penitenciario (Cofede) nuclea a los representantes de los sistemas penitenciarios de todo el país y es un espacio de cooperación entre el Gobierno nacional y las provincias para establecer un servicio acorde a los estándares internacionales y las garantías constitucionales. Promueve políticas que apuntan a la integración social de las personas privadas de la libertad y la capacitación profesional y continua de las y los agentes penitenciarios.
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