Según la información del Ministerio de Salud de la Nación en lo que va del año no se entregaron insumos a las provincias para garantizar el acceso al a la interrupción voluntaria y legal del embarazo. Esto se debe a la falta de stock y a que los procesos de licitación para la compra de Misoprostol y Mifepristona, medicamentos esenciales recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para garantizar el acceso al aborto seguro y en condiciones de calidad, sufren demoras desmedidas. Esta información se condice con la suministrada por las provincias de Chubut, Córdoba, Santa Fe y San Juan. A su vez, representa un retroceso en materia de acceso a la salud sexual y reproductiva, en tanto en el año 2023 se distribuyeron 88.578 tratamientos de misoprostol y 77.586 tratamientos combinados de Misoprostol y Mifepristona.
Esta situación ha profundizado las barreras en el acceso al aborto en las distintas jurisdicciones de nuestro país. De ello da cuenta el notable incremento de reclamos recibidos por Amnistía Internacional en el formulario para reportar diversas barreras en el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo, que ha aumentado un 80% hasta el mes de agosto inclusive, en comparación con el 2023.
“La falta de entrega de insumos a las provincias incrementa las desigualdades entre las distintas jurisdicciones del país. El acceso a derechos no puede quedar sujeto al lugar en el que una niña o mujer le tocó nacer. El Estado Nacional debe garantizar el acceso a la salud sexual y reproductiva en condiciones de igualdad y no discriminación en todo el territorio nacional” expresó Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
Amnistía Internacional advirtió que, desde el inicio de la presidencia de Javier Milei, se han adoptado medidas que atentan contra los derechos de las mujeres y diversidades. En este marco, el presidente ha adoptado un discurso altamente confrontativo y se ha referido públicamente al derecho a la interrupción voluntaria y legal del embarazo como “la agenda sangrienta del aborto”, o bien como un “asesinato agravado por el vínculo”, desconociendo la legislación nacional vigente y desinformando a la población, lo que contribuye a generar un estigma alrededor del aborto y temor en los profesionales que tienen el deber de garantizar el acceso a la prestación.
A casi cuatro años de la sanción de la Ley 27.610, hay sobrada evidencia de su impacto positivo en la salud de mujeres, niñas y adolescentes: las muertes por aborto disminuyeron en un 53% entre 2020 y 2022. Además, el acceso temprano a información, insumos, y servicios de salud sexual y reproductiva de calidad de las mujeres y personas gestantes contribuye a que el 90% de las interrupciones del embarazo sean durante el primer trimestre de gestación.
Finalmente, la organización cuenta con un formulario para aquellas personas que experimenten barreras en el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo.
