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“Estamos dispuestos a resistir el atropello”: comunidades mapuches rechazaron el desalojo en Villa La Angostura

Integrantes de las comunidades Quintriqueo y Melo protestaron frente a Casa de Gobierno y exigieron que no se utilicen fuerzas policiales para ejecutar la orden judicial.

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Comunidades mapuches de Villa La Angostura se movilizaron este miércoles en la capital neuquina para rechazar el desalojo ordenado por la Justicia y pedir que el gobierno de Rolando Figueroa no intervenga con fuerzas de seguridad. “Estamos dispuestos a resistir el atropello”, advirtieron desde la vereda de Casa de Gobierno.

Amancay Quintriqueo, lonko de la comunidad, explicó que viajaron junto a familias de Melo para visibilizar la situación y exigir una respuesta por parte del ministro de Gobierno, Jorge Tobares, aunque aseguraron que no se encontraba en la ciudad.

“Repudiamos la orden de desalojo que dictaron el viernes pasado. Es una causa armada contra el lonco Pascual Filidoro Melo por usurpación, cuando ocupamos el territorio desde fines de 1800”, afirmó Quintriqueo.

En el territorio en disputa viven alrededor de 30 familias, en el denominado lote pastoril 42. Según relataron, la orden judicial firmada por el juez Astoul Bonorino no consideró el relevamiento territorial finalizado en 2021, ni tampoco la vigencia de la Ley 2302, que resguarda a comunidades indígenas en Neuquén.

“Responsabilizamos al juez por no tener en cuenta la información del relevamiento y por no dar intervención a la Defensoría de la Niñez, pese a que hay muchos niños y adultos mayores en el lugar”, sostuvo la referente mapuche.

Durante la protesta remarcaron que el territorio en disputa es comunitario y no privado, y denunciaron intereses inmobiliarios detrás del fallo judicial. “Valoramos el vínculo que tenemos con el territorio y cómo nos desarrollamos en él, no su valor económico”, indicaron.

También informaron que presentaron una medida cautelar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Agradecieron el respaldo de organizaciones como el CELS, la Asociación de Abogados y de Derechos Humanos.

“Queremos seguir viviendo en nuestra tierra. No vamos a aceptar el uso de la fuerza”, concluyeron.

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