El gobernador Rolando Figueroa enviará a la Legislatura un proyecto de ley para la creación del Consejo Provincial de Seguridad Ciudadana, que será el órgano de planificación y coordinación de los Consejos Regionales de Seguridad Ciudadana.
El proyecto destaca que la seguridad ciudadana es clave para el bienestar social y el desarrollo democrático, y que estos cuerpos permitirán adaptar estrategias de prevención a la realidad de cada región, garantizando una respuesta más eficiente. Además, se plantea la articulación entre los distintos niveles de gobierno, las fuerzas de seguridad y la participación ciudadana.
La nueva norma derogará la Ley 2586 del Consejo Provincial de Seguridad Ciudadana.
El Consejo Provincial
El Consejo Provincial estará integrado por el ministro de Seguridad, el jefe de la Policía, el titular del Ministerio Público Fiscal, un representante del Poder Judicial y el jefe de Gabinete, o sus delegados.
Entre sus funciones, deberá:
- Recibir diagnósticos sobre el delito en cada región.
- Elaborar un cuadro de riesgo predelictivo para diseñar estrategias de prevención.
- Proponer políticas y programas para mejorar la seguridad y el sistema policial.
- Difundir resultados de investigaciones y realizar campañas de concientización.
- Implementar políticas públicas necesarias para cada región.
- Impulsar reformas legislativas.
- Coordinar acciones con el sector privado.
Los Consejos Regionales
Se conformarán siete Consejos Regionales de Seguridad Ciudadana, según la Ley de Regionalización, en: Alto Neuquén, Del Pehuén, De los Lagos del Sur, Del Limay, De la Comarca, Confluencia y Vaca Muerta.
Serán órganos consultivos y asesorarán al Consejo Provincial, al Ministerio de Seguridad y a los gobiernos locales. Estarán integrados por un presidente y un coordinador designados por el Ejecutivo, intendentes, representantes del Poder Judicial, la Policía y los Concejos Deliberantes.
Sus funciones incluirán:
- Realizar relevamientos sobre el delito en cada región.
- Diseñar estrategias de prevención.
- Proponer protocolos y reformas legislativas.
- Coordinar políticas con otros consejos y el sector privado.
- Promover estudios y actividades sobre seguridad.
Los Consejos podrán convocar a expertos y organizaciones para sumar aportes en sus reuniones.
El financiamiento de estos organismos estará contemplado en la Ley de Presupuesto, y el Ejecutivo reglamentará la ley en un plazo de 90 días tras su promulgación.
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