Integrantes de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) expresaron su oposición al proyecto de ley que autoriza a la policía neuquina a utilizar armas no letales para la prevención del delito.
La comisión de Derechos Humanos, Peticiones, Poderes y Reglamento de Legislatura del Neuquén recibió a miembros de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de Neuquén, quienes se manifestaron en contra del proyecto de ley que permitiría a la policía provincial usar armas no letales, como las “taser”, en la prevención del delito.
La titular de la comisión, la diputada del bloque DC-Comunidad, Yamila Hermosilla, adelantó que se va a convocar a otras organizaciones sociales, a la fuerza policial y al Ministerio de Seguridad para continuar con el debate.
Walter Pérez, titular de la APDH Neuquén, enfatizó la necesidad de «más debate y menos armas», y cuestionó la falta de garantías sobre el uso correcto de estos dispositivos. Recordó el caso del docente Carlos Fuentealba, quien fue asesinado con un arma no letal como una granada de gas lacrimógeno. Pérez insistió en la importancia de repensar la «formación, capacitación y profesionalismo» de la fuerza policial. Señaló que el debate debe centrarse en «qué cuerpo de seguridad queremos» como sociedad.
«El debate es cuál es la mejor respuesta, y nosotros entendemos que no es más armas sino más debate y abordar la cuestión social», afirmó Pérez. También destacó que en muchos países donde se usan dispositivos no letales, en el 90% de los casos las víctimas estaban desarmadas, subrayando que el incumplimiento de los protocolos puede generar graves consecuencias.
Carmen Raña, integrante de la APDH y del Foro en defensa de la ley 2302, se refirió a la vulneración de derechos de las infancias y denunció la «seria situación de riesgo y abandono por ausencia absoluta del Estado provincial». Raña mencionó el desmantelamiento de áreas centrales de asistencia estatal, ejemplificando con la falta de centros de desarrollo infantil y las largas listas de espera para ayuda básica.
El debate en la comisión abordó diversos puntos de vista. La diputada Ludmila Gaitán (MPN) y el diputado Darío Peralta (UxP) pidieron mayores precisiones en el texto del proyecto y resaltaron que, aunque las armas no letales tienen menor letalidad, no están exentas de causar daños severos o muerte. El legislador César Gass (JxC-UCR) sugirió considerar aspectos médicos y sociales antes de aprobar la ley, indicando que «un arma en manos de una fuerza no capacitada, siempre va a ser letal».
El diputado Andrés Blanco (PTS-FIT-U) pidió analizar las causas de la inseguridad y la «descomposición social», proponiendo discutir el origen del problema y las situaciones que generan desigualdad.
Desde el oficialismo, Ernesto Novoa (DC-Comunidad) se mostró a favor de la propuesta, recordando el caso del policía José Aigo y afirmando que se posiciona «del lado de las víctimas». Verónica Lichter (PRO-NCN) argumentó que el uso de armas no letales tiene un mayor beneficio en la ecuación «costo-beneficio» y es necesario dotar a las fuerzas de seguridad de los elementos indispensables.
Brenda Buchiniz (Cumplir) y Alberto Bruno (Hacemos Neuquén) también apoyaron el proyecto, resaltando la efectividad y menor costo de las armas Byrma en comparación con las 9mm reglamentarias. Bruno criticó el «exceso de protección de los Derechos Humanos» y se pronunció a favor de bajar la edad de imputabilidad.
Marcelo Bermúdez (PRO-NCN), autor del proyecto, aclaró que la medida busca proteger al agente policial y a terceros de posibles balas perdidas, y no pretende resolver el problema de la inseguridad.
«La comisión de DDHH debiera avalar la iniciativa, pero parece que quiere que la policía siga usando armas letales», afirmó Bermúdez, subrayando que la medida es de aplicación «individual» y no para todo operativo ni para todo el plantel de la fuerza de seguridad.
