El Frente de Izquierda presentó en el Congreso nacional un proyecto de ley que propone, que las represas sean administradas por un Ente integrado por el Estado nacional y las provincias, y controlado por sus trabajadores.
El diputado nacional del Frente de Izquierda Christian Castillo junto al legislador provincial neuquino Andrés Blanco presentaron este lunes en el Congreso de la Nación un proyecto de ley que ante el vencimiento de las concesiones de las hidroeléctricas, plantea la prohibición de realizar nuevas concesiones a empresas privadas. El proyecto lleva también las firmas de Myriam Bregman, Nicolás del Caño, Alejandro Vilca y Romina del Pla.
“Con la ofensiva privatizadora de los 90, las enormes obras de infraestructura financiadas con fondos públicos y construidas con el trabajo de miles de obreros, fueron otorgadas a un puñado de transnacionales que hicieron un negocio redondo. Un verdadero robo que ningún gobierno cuestionó. El gobierno de Milei se prepara para volver a otorgarle a empresas privadas las concesiones que vencieron”, explicó el diputado nacional del Frente de Izquierda Christian Castillo
Sobre los planteos del proyecto de ley, el diputado provincial Andrés Blanco agregó: “Frente a la política reprivatizadora de Milei, la disputa no puede ser, como plantean los gobiernos provinciales de Neuquén y Río Negro, por las migajas que dejan las multinacionales. Por eso lo que planteamos, en primer lugar, es que las represas no pueden volver a ser concesionadas para que un puñado de empresarios obtenga ganancias millonarias”.
Por su parte, Castillo explicó cómo funcionaría la administración estatal: “Proponemos crear un Ente Interjurisdiccional de Energía Hidroeléctrica (EIEH), con participación del Estado Nacional y los Estados Provinciales, pero gestionado por sus trabajadores y trabajadoras, las comunidades y los usuarios. Esa es la única forma de terminar con los negocios privados alrededor de lo que consideramos un bien común natural fundamental, tal como es el agua”.
Por último, Blanco detalló cuáles serían los destinos de los excedentes económicos producidos por la generación eléctrica: “Lo que planteamos es que los excedentes se destinen a la inversión en el sistema de educación y salud públicas, la construcción de viviendas con eficiencia energética, el desarrollo de planes de transición energética y ecológica para diversificar y desfosilizar la matriz energética, así como tareas de remediación ambiental y producción agroecológica de alimentos. Dejamos claro que con los fondos obtenidos no se podrá subsidiar a empresas privadas o pagar deuda externa”.
