La Legislatura aprobó una resolución dirigida al Ejecutivo provincial para que mantenga los descuentos realizados al personal docente y no docente que se haya adherido a la huelga. Votaron a favor 22 diputados y diputadas de los bloques de DC-Comunidad, parte de MPN, PRO-NCN, Hacemos Neuquén, Avanzar, Nqn Federal, Arriba Nqn, Cumplir y JxC-UCR. En contra se inclinaron las tres bancas de UxP y las dos del FIT-U y PTS-FIT-U, quienes defendieron el derecho a huelga y pidieron que se devuelvan los días de paro.
La iniciativa, además, solicita al gobierno que implemente una tecnología de control y registro de asistencia del personal docente a fin de garantizar al alumnado el derecho a la educación. En ese sentido, también le pide máxima difusión del canal oficial de Whatsapp para que las familias estén informadas sobre las novedades de la escuela a la que asisten sus hijos o hijas.
Durante el debate, Claudio Domínguez (MPN) -uno de los impulsores del pedido- aseguró que la ley 3447 que fijó un adicional docente que no vulneró derechos sino que buscaba premiar a quienes garantizar el derecho a la educación con su presencia en el aula.
El diputado pidió el pronto tratamiento del proyecto que busca procedimentar la consulta popular respecto a instituir la educación como un bien esencial. “Que el pueblo decida” sintetizó tras asegurar que que la huelga “es política” en tanto busca “ver quién gobierna y quién administra la educación”.
“Es violencia infantil violar el derecho a la educación” señaló el legislador al cuestionar que menos del 1% de la población, en referencia a las asambleas gremiales de ATEN, le quiere decir qué hacer con la educación al gobierno que ganó las elecciones democráticamente.
Por el bloque DC-Comunidad, Ernesto Novoa aseguró que la política educativa del gobierno cuenta con masivo apoyo de la ciudadanía y destacó la apertura del Ejecutivo que convocó a una mesa de diálogo días atrás y cedió en varios puntos. “Ratificamos y acompañamos a lo realizado por la ministra Soledad Martínez y por el gobernador Rolando Figueroa” argumentó. Dijo que sobre una planta de 24 mil docentes en la provincia, solo tres mil están de paro y calificó así de “autoritaria” la medida.
El legislador dijo que constituye un “acto de justicia” que los días no trabajados no sean abonados, al igual que en el sector privado. “No vinimos a este gobierno para que las cosas sigan igual”, concluyó Novoa.
Su par de bloque, Yamila Hermosilla reiteró que la ley fija un adicional y no una quita salarial y recordó que el objetivo era garantizar los 180 días de clases anuales. Señaló que muchas localidades del interior no cuentan con escuelas privadas por lo que “están atadas a las decisiones gremiales para que los chicos se eduquen”. En ese sentido, dijo que el paro implica llevar “las infancias a la ignorancia” y ponderó la “inversión récord” en infraestructura escolar que lleva adelante la actual gestión provincial. Pidió también por la consulta popular en materia educativa y enfatizó en que “no vamos a cogobernar con los gremios”.
A su turno, Marcelo Bermúdez (PRO-NCN) señaló que los distintos gobiernos provinciales priorizaron “la paz social antes de hacer lo que tenían que hacer” para garantizar el normal dictado de clases. “¿Qué vamos a hacer con los morraleros de guardapolvo?” se preguntó el legislador al pedir que se termine con las “concesiones y se enfrente el problema”. Pidió también por la consulta popular para determinar la esencialidad de la educación en la provincia. Finalmente, el legislador lamentó que la reglamentación de la ley “sea tan amplia” e incorpore licencias no contempladas en el texto de la norma para acceder al adicional. “Ya no tiene sentido la ley”, sintetizó. Su par de bloque, Mercedes Tulián Dijo que 28 días de paro representan “un capricho” y valoró la inversión en mejoras edilicias para el normal dictado de clases.
En su intervención, y tras mencionar un listado de 16 escuelas nuevas a crear a partir del mes que viene, el diputado Francisco Lepore (Avanzar) cuestionó el paro docente al asegurar que “esta discusión es con un puñado de dirigentes que discuten política, no derechos”. Calificó de “desmedida” la huelga docente y aseguró que la provincia “tiene un gobierno decidido a hacer algo distinto en educación”.
Devolución de los días de paro descontados
Los cuestionamientos a la resolución que respalda los descuentos devinieron de los bloques de UxP, PTS-FIT-U y FIT-U quienes coincidieron en señalar al gobierno como el responsable del conflicto. En ese sentido, aseguraron que no existía enfrentamiento previo a la sanción de la ley del adicional docente e hicieron hincapié en las malas condiciones edilicias de las escuelas en la provincia.
En esa línea, la diputada Lorena Parrilli (UxP) denunció la subejecución presupuestaria en educación ya que sólo se ejecutó el 2.9% de las partidas destinadas a educación, que ascienden a 52 mil millones de pesos. Calificó de “incapacidad de gestión” el accionar del gobierno que, aseguró, “como no tiene gestión para mostrar creó un enemigo”. Sus pares Darío Martínez y Darío Peralta, coincidieron en calificar de “inoperancia” tanto del Ejecutivo como del Legislativo que sancionó la ley en un momento en el que, insistieron, no existía conflicto.
En similar sentido, Gabriela Suppicich (FIT-U) exigió la derogación de la ley de presencialidad y pidió “escuelas abiertas pero con presupuesto”. Además, remarcó que en Neuquén los salarios docentes se ubican por debajo de la línea de la pobreza y mencionó por caso que un docente inicial cobra 300 mil pesos de básico. Además, aseguró que el objetivo del gobierno es “demonizar” al gremio ATEN tras “haber metido la mano en el estatuto docente”.
A su turno, el diputado Andrés Blanco (PTS-FIT-U) pidió que justamente en lugar de mantener los descuentos se restituya la totalidad de los haberes a los y las docentes y, tras denunciar que la provincia creció significativamente en habitantes pero no en infraestructura, mencionó que “hace 20 años que no se construye una escuela secundaria en Neuquén”. Consideró también que el fin es “demonizar” a los trabajadores de la educación y finalmente, señaló que la ley 3447 constituye “un ataque a la huelga porque tiene un carácter alimentario”.
