La Legislatura de Neuquén aprobó por mayoría la ley que reglamenta la consulta popular, un mecanismo de participación ciudadana que estaba previsto en la Constitución Provincial desde 2006. La ley recibió 26 votos a favor de varios bloques, incluyendo DC-Comunidad, Avanzar, MPN, Hacemos Neuquén, PRO-NCN, Neuquén Federal, Arriba Neuquén, JxC-UCR, Juntos y Cumplir. En contra votaron UxP, FIT-U y PTS-FIT-U.
La propuesta llegó al recinto con dos despachos. Uno de ellos, por mayoría, fue impulsado por Claudio Domínguez (MPN), Francisco Lepore (Avanzar) y Guillermo Monzani (Hacemos Neuquén), con aportes de Neuquén Federal y PRO-NCN. El otro, por minoría, fue presentado por UxP.
Con la reglamentación, la Cámara puede incluir un artículo en la ley que se someterá a consulta. Para esto, se requiere una mayoría absoluta de los miembros presentes. En el caso de la consulta vinculante, el voto será obligatorio y deberá incluir el texto completo de la ley. La convocatoria a la elección debe realizarse entre 45 y 90 días después de la publicación en el Boletín Oficial.
Si la ciudadanía aprueba la ley por mayoría, se promulgará automáticamente y el Poder Ejecutivo no podrá vetarla. Si se rechaza, no se podrá insistir con la iniciativa durante dos años. La normativa excluye de la consulta vinculante a leyes sobre tributos, presupuesto o aquellas que requieran una mayoría agravada para su aprobación.La consulta no vinculante podrá ser convocada por el Poder Legislativo, el Ejecutivo y los municipios. Esta no será obligatoria y permitirá respuestas múltiples, además de habilitar plataformas digitales para su implementación.
¿Qué dijeron los diputados y diputadas?
Francisco Lepore, diputado de Avanzar, destacó que este mecanismo es una forma de participación directa de la ciudadanía. Afirmó que su aplicación se limita a decisiones que requieren la expresión del pueblo. «Esta herramienta suple la voluntad del Poder Ejecutivo por la de la ciudadanía», agregó.
Claudio Domínguez, del MPN, subrayó que la consulta popular brinda respaldo a normas sancionadas por la Legislatura. Afirmó que las decisiones tomadas en una consulta tienen mayor aceptación social, comparándolas con la votación de un gobernador o intendente.
Guillermo Monzani, de Hacemos Neuquén, valoró la utilidad de la consulta no vinculante para los municipios, permitiendo sondear la opinión de las comunidades. Recordó que en 2021 se consultó a los votantes de Neuquén sobre una enmienda de la carta orgánica, con un 60% de aceptación.
Marcelo Bermúdez, del PRO-NCN, elogió la claridad del procedimiento que establece la ley, respondiendo a las preocupaciones de la oposición sobre una posible influencia en la ciudadanía.
César Gass, de JxC-UCR, afirmó que «siempre es conveniente escuchar al pueblo». Recordó la importancia de la consulta no vinculante durante el gobierno de Raúl Alfonsín, quien convocó a votar sobre un tratado de paz con Chile.
Desde UxP, Darío Martínez apoyó la reglamentación de ambos tipos de consulta, pero sugirió separar su realización de las elecciones y limitar el financiamiento estatal de las campañas. Lorena Parrilli, de su bloque, explicó que el dictamen por minoría busca más democracia y transparencia, proponiendo la creación de una comisión de participación ciudadana y prohibiendo el financiamiento privado en las campañas.
Gabriela Suppicich, del FIT-U, calificó la ley como una «estafa a la población», argumentando que no permitirá expresar opiniones sobre temas clave como tributos y endeudamientos. «Defendemos la deliberación popular, pero con garantías financieras y presupuestarias», afirmó.
Andrés Blanco, del PTS-FIT-U, criticó el texto acordado, señalando que la Legislatura decidirá si una ley se somete a consulta. «No hay garantías de participación democrática», concluyó.
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