El proyecto de ley que implementa los juicios directos se aprobó por mayoría en la Comisión de Asuntos Constitucionales y se tratará en la sesión de este miércoles.
La iniciativa modifica la implementación del juicio directo, reforma el artículo 222° del Código Procesal Penal –CCP- (ley 2784) a fin de implementar los juicios abreviados para los delitos de flagrancia. Luego del debate se aprobó el despacho en base al proyecto del diputado Carlos Coggiola que, a diferencia de la iniciativa presentada por la Fiscalía general y la intendencia de San Martín de los Andes, contempla la posibilidad de que la defensa se oponga al pedido de juicio directo y el juez decida sobre su pertinencia.
Tras varias reuniones de tratamiento, que implicaron la consulta al TSJ, a la Defensoría y a la Fiscalía general, el cuerpo emitió hoy despacho por mayoría, con el voto favorable de todos los bloques a excepción del PTS-FIT.
Al explicar los fundamentos de la medida, Coggiola aseguró que el instituto previsto en el CCP no se aplica y que tal “falta de operatividad” se saldará con la modificación en cuestión. El legislador recordó que, a poco de su implementación, surgieron propuestas para la aplicabilidad de los juicios abreviados. En efecto, aseguró que con la redacción vigente “nos estamos privando de una herramienta que no es la solución pero es valiosa en pos de darle una respuesta efectiva” al reclamo de la ciudadanía por hechos vinculados a la inseguridad. Agregó que la operatividad sugerida es similar al de pedido de prisión preventiva: que la pide el fiscal, se escucha a la defensa y la resuelve un juez de garantías.
Por su parte, la diputada Soledad Martínez (FdT) también se inclinó a favor al considerar que el instituto está previsto en el Código pero no funciona y remarcar que la reforma recae sobre la audiencia intermedia de evaluación de la prueba. “No estamos profundizando una política de criminalización de la pobreza” aseguró tras indicar que no se trata de una reforma de fondo sino de una “simplificación del proceso”.
Al pronunciarse en contra, tanto el diputado Andrés Blanco (PTS-FIT) como la diputada Soledad Salaburu (FdT) cuestionaron la reforma en tanto no constituye una política criminal de prevención del delito sino que, contrariamente, representa una “respuesta demagógica a un pedido de seguridad que esto no resolverá”, dijo Salaburu, quien agregó que “estamos siendo cómplices de que las cárceles de Neuquén sigan estando llenas de jóvenes pobres”.
La diputada lamentó que no se le haya dado participación a asociaciones y referentes que rechazaron el proyecto y que la medida devenga como respuesta a un contexto social “en ebullición”. En ese sentido, dijo que el fenómeno de la inseguridad “se aborda solamente desde esta perspectiva”, al tiempo que criticó la “urgencia” del tratamiento, a diferencia de otros temas “de sensibilidad” que requieren tratamiento urgente, como la declaración de la Emergencia por violencia de género, en una provincia con 11 femicidios.
En tanto, Blanco coincidió con las críticas de Salaburu en cuanto a la celeridad del tratamiento y el enfoque en materia de inseguridad social, al tiempo que agregó que la gravedad de la reforma recae también en que representa “un ataque a las garantías constitucionales esenciales porque vulnera el derecho a la defensa”. Dijo que “Villaruel y Milei están esperando una modificación así” en la medida en que, según opinó, la medida puede afectar el derecho a la protesta.
«Una reforma reaccionaria para condenar la protesta social y a los sectores populares»
