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Sociedad

Legisladores rechazan despidos y cierre de oficinas de ANSES en el interior de Neuquén

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Los diputados Darío «Pampa» Peralta y Darío Martínez presentaron un proyecto para revertir los despidos y mantener las oficinas de ANSES en Aluminé y Junín de los Andes, calificando la medida como arbitraria y perjudicial para la población.

Los diputados Darío «Pampa» Peralta y Darío Martínez, representantes de Unión por la Patria, presentaron un proyecto en la Legislatura provincial para rechazar los despidos de trabajadores y trabajadoras de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) en Neuquén, así como el cierre de oficinas del organismo en Aluminé y Junín de los Andes. Califican esta medida como «arbitraria, torpe y cruel», y exigen su revisión inmediata.

La iniciativa insta al Ejecutivo nacional a garantizar el acceso de toda la población de la provincia a los servicios y prestaciones de ANSES, manteniendo en funcionamiento las delegaciones del interior y asegurando la continuidad laboral de los despedidos, preservando sus responsabilidades y funciones.

Los fundamentos del proyecto señalan que el gobierno nacional realizó un masivo despido del personal de distintas delegaciones de ANSES en el interior del país, afectando a aproximadamente 1400 trabajadores, lo que representa más del 10% de la planta del organismo.

Especialmente en la región patagónica, esta medida ha tenido un impacto significativo, con el cierre de numerosas oficinas que brindaban acceso a las prestaciones de ANSES a una población dispersa geográficamente. En el caso de Neuquén, se ha bloqueado el registro de asistencia y el acceso a sistemas informáticos en las oficinas de Aluminé y Junín de los Andes.

La delegación de Aluminé, que atendía a alrededor de 15 mil personas de la zona, incluyendo a aquellos en situación de vulnerabilidad económica y social, ha sido cerrada, obligando a los beneficiarios a viajar hasta Zapala para acceder a sus derechos. Por otro lado, la oficina de Junín de los Andes, con solo dos empleados, brindaba servicios a una población de 20 mil personas, muchas de ellas en zonas rurales, atendiendo un promedio de 60 personas por día y gestionando 200 trámites de jubilación, entre otros servicios.

Ambas oficinas fueron inauguradas en respuesta a demandas históricas de las comunidades locales, operando mediante convenios con los municipios, que cubren los costos de alquiler y servicios, mientras que el organismo nacional se encarga de los salarios y el equipamiento informático del personal.

Esta medida, según los legisladores, representa un retroceso en el acceso a los derechos sociales y afecta gravemente a las comunidades del interior de la provincia. Por ello, instan a revertir los despidos y mantener operativas las oficinas de ANSES en Aluminé y Junín de los Andes.

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