El proyecto que crea un Fondo de Estabilización de presupuestos obtuvo este martes dictamen de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia y de Hacienda y Presupuesto, Cuentas y Obras Públicas.
Diputados y diputadas por mayoría aprobaron el proyecto presentado por el gobernador Omar Gutiérrez, el vicegobernador Marcos Koopmann y la presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) María Soledad Gennari. Para que se apruebe, se incorporó una cláusula de garantía para el funcionamiento del Poder Legislativo sugerida por la Asociación Neuquina de Empleados Legislativos.
Primero se reunió la comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia que preside Maximiliano Caparroz. Al iniciar el debate, explicó que el objetivo del proyecto es equilibrar los ejercicios financieros de los tres poderes del Estado. Crear un fondo compensador presupuestario financiado con el 3% de la coparticipación: 1.5% aportados por el Poder Legislativo y el otro 1.5% por el Ejecutivo. Además, aclaró que “si el Poder Legislativo necesita del 1.5% del presupuesto, vuelve a foja cero” en el marco del acta acuerdo firmada entre el vicegobernador Marcos Koopmann y el sindicato; y destacó que “las modificaciones a la iniciativa se realizaron conjuntamente con el gremio ANEL”.
De la reunión participaron las autoridades gremiales de ANEL. Al hablar, el secretario general, Juan Horacio Benítez, expresó el apoyo al proyecto con las incorporaciones en la redacción orientadas a garantizar el normal funcionamiento, la autarquía y los derechos laborales al interior del Poder Legislativo.
Benítez manifestó que desde el gremio “reaccionamos” a la presentación del proyecto en tanto “ponía en juego el normal funcionamiento de esta Legislatura”. Sostuvo que los aportes a la redacción final –junto con el acta acuerdo firmada entre el gremio y las actuales autoridades que retoman los principales puntos demandados en asamblea- “enriquecieron el debate. Sin embargo, reparó en la firma de la máxima autoridad del Poder Judicial en el proyecto, lo que constituye “un atropello” a la independencia de poderes y es “inadmisible” que un poder “vaya a la baja” de otro poder. “Esa injerencia, la seguimos rechazando”, enfatizó el sindicalista.
La redacción añadida sostiene que el presupuesto anual “debe garantizar el pleno cumplimiento de la ley 1703, ley 2915, sus complementarias y modificatorias, sosteniendo la totalidad de los beneficios y demás Resoluciones con referencia a las mencionadas normas”. Según explicó el secretario Adjunto de ANEL Marcelo Bagés, la alusión apunta sostener los beneficios de la planta de personal, determinadas en el Estatuto -1703-. El texto también especifica que, en ninguna circunstancia, las transferencias a los municipios se verán afectadas.
Durante el debate, César Gass (JxC), Andrés Blanco (PTS-FIT) y Soledad Salaburu (FdT) cuestionaron la “extemporaneidad” del proyecto, la injerencia del Poder Judicial en el Legislativo y la falta de acuerdo, en un principio, con la planta trabajadora.
Gass calificó de “desprolijo” que el proyecto de facultades de política fiscal sea refrendado por el Poder Judicial, pero adelantó su voto positivo porque “no me parece correcto obstaculizar” un proyecto que alcanzó acuerdo entre las partes implicadas.
En la misma línea, Salaburu se pronunció en contra de que se recorte el presupuesto de la Legislatura para cederlo al Poder Judicial y de que no se haya discutido en “una mesa de transición”, al tiempo que celebró las cláusulas y garantías incorporadas, que constituyeron un “logro de los trabajadores”.
A su turno, Blanco votó en forma negativa tras argumentar que, si bien la propuesta alcanzó un acuerdo con el gremio, el proyecto representa “un botón de muestra” del ajuste que se aplicará en los próximos años en la provincia.
El despacho se aprobó por mayoría con 11 votos positivos aportados por el MPN, UP-FR-, FNN, Siempre, CC-ARI, JC y parte del FdT. En contra votaron Darío Peralta (FdT) y Andrés Blanco (PTS-FIT).
En la reunión de la comisión de Hacienda y Presupuesto, Cuentas y Obras Públicas se aprobó el despacho con nueve votos a favor, devenidos de los bloques del MPN, JC, MAV, Avanzar, Siempre, Juntos, UP-FR. En contra lo hicieron Lorena Parrilli (FdT) y Blanca López (PTS), argumentando que la medida implica un “ajuste” presupuestario.
