La reforma del Código Procesal Civil y Comercial avanza en Neuquén. «El objetivo es garantizar el acceso de los neuquinos a la justicia mediante procesos más agiles, con mayor cercanía entre los jueces y las partes y mediante la utilización de nuevas tecnologías para reducir burocracia y acortar los plazos», explican desde el Gobierno.
Una comisión interpoderes integrada por referentes del Poder Ejecutivo, Judicial y Legislativo, trabaja con juristas especializados en la redacción de los articulados y a recorre la provincia por regiones para identificar las necesidades locales.
Las doctoras Aylén Martín Aimar y María Laura du Plessis, representantes del Ejecutivo en la comisión, explicaron que una de las herramientas principales para lograr los objetivos de la reforma es en primer término dividir el antiguo código de 1975 en dos nuevos códigos: uno para el derecho de Familia y otro para el derecho Civil y Comercial. Esto responde a que cada una de esas materias tutela diferentes derechos, en principio personales en un caso y patrimoniales en el otro.
Para el de Familia se cuenta con la asesoría de la jurista Dra. Aida Kemelmajer de Carlucci, y para el Civil y Comercial con la del Dr. Gustavo Calvinho. Ambos especialistas participan de manera periódica de las reuniones de trabajo con legisladores y referentes locales del ámbito jurídico para avanzar en la redacción de cada artículo.
“La indicación del gobernador Rolando Figueroa es velar por el bienestar y prosperidad de los neuquinos y promover políticas de crecimiento y desarrollo, por lo que es fundamental contar con un sistema legal previsible y tribunales confiables”, señaló Aylén Martín Aimar.
Recordó que Neuquén fue una de las primeras provincias en reformar hace diez años su Código Procesal Penal, que fue ejemplo en Latinoamérica. “Esa es una experiencia muy valiosa para encarar la transformación también en los procesos civiles y comerciales y de familia. Neuquén está preparada para ser la pionera y marcar el rumbo otra vez”, afirmó.
Entre otros aspectos, para acercar la justicia a las personas y que el proceso judicial sea más ágil y accesible se busca implementar herramientas tecnológicas. “Se pretende reducir la dilación en los procesos judiciales -que actualmente pueden durar hasta cuatro años-, optimizando los tiempos y recursos del Poder Judicial. Aunque se mantendrá el proceso escrito, se introducirán procesos y expedientes electrónicos y se aumentará la oralidad en los procedimientos”, explicó Martín Aimar.
A la vez, mediante un cronograma de recorridas por las siete regiones de la provincia se está presentando a la ciudadanía e instituciones los objetivos de la reforma y se reciben aportes y particularidades locales, ya que en localidades rurales o cordilleranas actualmente los juzgados organizan de manera diferente su articulación con otros actores del derecho y las partes en litigio.
“De esta manera se pueden escuchar las inquietudes y sugerencias de los participantes, lo que enriquece el proceso de reforma”, indicó la Dra. María Laura du Plessis. Entre ellas, mencionó que en diferentes localidades “aparecen problemáticas específicas, como dificultades en el acceso a la justicia debido a la distancia y la geografía, o la necesidad de que existan mecanismos de mediación entre vecinos para que no se llegue a un litigio que termina perjudicando su convivencia durante años”.
En el caso de las largas distancias, sostuvo que se vislumbra un panorama alentador con las nuevas tecnologías. “Si hacemos buen uso de la tecnología es posible realizar audiencias a distancia, siempre con resguardo de la legitimidad y la fidelidad de esa audiencia, para que las personas puedan salvar ese impedimento”, ejemplificó.
“Tenemos ya realizado un trabajo bastante intenso con los dos asesores externos que colaboran con la redacción, que toman todos los aportes de las distintas instituciones, de la ciudadanía en general, y de los que integramos la comisión, y lo van plasmando en una redacción definitiva para que sea tratada en comisiones y después, hacia fin de año, en el recinto”, afirmó.
En materia de familia recordó que la provincia cuenta con leyes provinciales de gran relevancia como la ley 2302 de protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes y la ley 2785, de prevención, sanción y erradicación de la violencia familiar.
“Ha habido un gran requerimiento hacia la redactora de tomar y de adaptar su modelo de articulado a esas leyes provinciales que ya nos rigen y que son emblemáticas para nosotros. Tenemos un avance institucional muy importante en ese sentido en la provincia del Neuquén y, por supuesto, no lo vamos a perder”, subrayó du Plessis.
Y añadió que las recorridas por el interior “son muy enriquecedoras, hay mucha participación, con alrededor de setenta personas en cada una de las reuniones”. “Hay diálogo, vienen con propuestas y consultas y requerimientos concretos. Así que es un proceso genuino, de mucha participación, y eso nos da muchas expectativas de que vamos a llegar a buen puerto”, finalizó.
Autor
