Trabajadores de la Planta de Tratamiento de Agua Pesada advirtieron a diputados y diputadas sobre la falta de partidas necesarias para realizar tareas de acondicionamiento para que la planta pueda volver a funcionar a partir de 2025. Ese fue el acuerdo que alcanzaron con autoridades nacionales y provinciales en mayo del año pasado.
Los referentes aseguraron que no se conoce el plan energético que en materia nuclear pretende llevar adelante el actual gobierno nacional. Y explicaron que los trabajadores recordaron que la planta no produce desde hace siete años y que desde el 2017 a la fecha el personal se redujo de 500 a menos de cien empleados. Igualmente, señalaron que existe una posibilidad de vender agua pesada a Canadá y que las iniciativas de reconversión de sus instalaciones para producir fertilizantes como la urea, aún no han progresado.
El delegado Nicolás Ventura en diálogo con Neuquén Web destacó la importancia de ser recibidos por la Comisión de Hidrocarburos y señaló que como colectivo de trabajadores vienen luchando desde 2017, que es el momento en que la planta dejó de producir: “Hemos llevado una lucha incansable hasta lograr el contrato en mayo del año pasado”, que no se cumple.
Explicó que hasta “el año 2017 la planta estaba produciendo y durante el gobierno de Mauricio Macri empezó el conflicto. Se mandó a parar la planta de forma rara. Hubo una amenaza de bomba la planta se paró y a partir de ahí no se volvió a reactivar”.
“Desde que asumió el gobernador hicimos varios pedidos de audiencia para tener de primera mano cuál es la posición y cuáles son las gestiones que está llevando adelante el gobierno provincial con el gobierno nacional pero la realidad es que no nos han recibido”, lamentó Ventura.
En este sentido señaló que «la reactivación es responsabilidad tanto de Nación como de Provincia». Sin embargo, “el que ha aportado los proyectos que se llevan adelante es Nación”, dijo el delegado aunque considera que “el compromiso tiene que estar de parte de la provincia para que este contrato se siga llevando adelante”.
Por su parte, Carlos Lagos, secretario gremial de la junta interna de la PIAP, sostuvo que los fondos que recibe la planta de parte del gobierno nacional sólo alcanzan para abonar salarios y realizar tareas de mantenimiento, objetivo que se encuentra alejado de la posibilidad de poner en condiciones las instalaciones para volver a funcionar, tal como se pactó en mayo de 2023 durante un acto al que acudieron las autoridades provinciales salientes y entrantes.
Los trabajadores se refirieron al plan de reconversión de la planta y explicaron que falta de ejecución de los 2000 millones de pesos que el presupuesto provincial debía destinar para comenzar la reconversión de la planta para fabricar fertilizantes. Una de las primeras acciones que se deben realizar es la confección de un plan de factibilidad valuado en 250 mil dólares y comenzar a planificar acciones tendientes a garantizar la logística para transportar la producción, en caso de desarrollarse.
“De ese presupuesto, en la planta no vimos nada”, señaló tras remarcar que, como primera medida, se debe garantizar la producción de agua pesada, para la que incluso existe interés en el mercado internacional –Canadá- para su compra, y después sí avanzar en la diversificación hacia otras ramas.
La comisión resolvió esperar a que los delegados de la PIAP mantengan las respectivas reuniones con funcionarios nacionales y provinciales para luego votar una iniciativa que se exprese sobre la importancia de sostener las partidas comprometidas en el acuerdo.
