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Política

Nuevo régimen de la subsecretaría de Trabajo a un paso de ser aprobado

El proyecto de ley, que se debatirá este miércoles en la sesión ordinaria de la Legislatura de Neuquén, establece un nuevo régimen para el organismo con competencia en materia laboral en la provincia.

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Diputados y diputadas de la Legislatura de Neuquén debatirán en la sesión de este miércoles el proyecto de ley que actualiza el marco normativo de la Subsecretaría de Trabajo.  

 La iniciativa que establece un nuevo régimen para el organismo con competencia en materia laboral en la provincia contó con el acompañamiento de los bloques DC-Comunidad, PRO-NCN, MPN, Hacemos Neuquén, Unión por la Patria, Avanzar, Arriba Neuquén y Juntos. El único voto negativo fue el del bloque del Frente de Izquierda Unidad.

El ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral, Lucas Castelli,  expuso ante diputados el trabajo realizado por la subsecretaría de Trabajo, expresando la necesidad de contar con una nueva ley que se ajuste a las necesidades de la región. Resaltó los avances realizados en materia laboral por el organismo, dando un informe detallado sobre las intervenciones, sanciones, conciliaciones y llevadas adelante hasta agosto de este año.

Castelli expresó que el objetivo de la ley es “avanzar en el rol fiscalizador de la subsecretaría, jerarquizando la labor que lleva adelante de acompañar a los trabajadores, a las empresas neuquinas y aquellas que se quieran radicar en nuestra provincia”.

El nuevo proyecto establece seis delegaciones de la subsecretaría de Trabajo las que estarán distribuidas en puntos estratégicos, respondiendo al plan de regionalización, jerarquizando dichos organismos y otorgándoles mayores competencias y actuación en materia laboral.

 

El diputado Francisco Lepore de Avanzar explicó que la ley vigente es de 1985 y el proyecto apunta a actualizarla de acuerdo a las necesidades actuales. Entre otros puntos, detalló que busca mejorar las competencias de la Subsecretaría e incorporar nuevas, al tiempo que modifica la organización territorial del organismo. El proyecto también  contempla la mediación y el arbitraje en conflictos laborales individuales –actualmente solo se aplica en conflictos colectivos- con el objetivo de resolverlos sin llegar a la instancia judicial.

 Asimismo, crea un fondo estímulo con el 20% de lo recaudado por la Subsecretaría que se distribuirá en partes iguales entre los trabajadores y trabajadoras del organismo e incorpora un capítulo de sanciones graduales, con el establecimiento de multas de acuerdo al JUS. Otros aspectos que resaltó Lepore consisten en el patrocinio jurídico gratuito para los trabajadores y en dotar a cada delegación de una estructura mínima para funcionar, acorde a la de la Subsecretaría, para lograr  una verdadera descentralización territorial.

Si bien votó a favor, la diputada Lorena Parrilli de Unión por la Patria observó que el fondo estímulo, además de beneficiar a los trabajadores a nivel salarial, implica “un incremento para las cajas del gremio” y valoró los cambios introducidos durante el tratamiento en las comisiones previas.

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 Desde DC-Comunidad, Hermosilla remarcó que el fondo propuesto beneficia a todos los trabajadores del organismo que durante muchos años sufrieron “un total abandono por parte del Estado”, tanto en materia salarial como en infraestructura y en derechos.

Por Hacemos Neuquén, Alberto Bruno hizo eje en la importancia de priorizar el beneficio que se generará para los trabajadores y trabajadoras.

 Su par del PRO-NCN, Damián Canuto, votó el despacho favorablemente pero expresó reparos a que la determinación de una mejora salarial “puede estar atada a la mayor determinación de multas” y acotó que la multa no es el objeto de los procesos conciliatorios, sino que es el desenlace negativo de ese procedimiento.

La diputada Gabriela Suppicich del Frente de Izquierda planteó observaciones a la obligatoriedad de patrocinio letrado gratuito que estipula el proyecto para el trabajador o trabajadora en la instancia administrativa y opinó que contiene artículos que implican “un bozal al derecho de huelga”. Asimismo, criticó la figura de “conciliación obligatoria” que contempla el proyecto, por considerarla “reaccionaria”.

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