La diputada provincial Lorena Parrilli del bloque de Unión por la Patria presentó un pedido de informes para que la Fiscalía de Estado de Neuquén detalle la cantidad de abogados, su forma de contratación, origen de fondos para salarios y si perciben honorarios adicionales en ejecuciones fiscales y apremios. La legisladora advierte que los montos cobrados a contribuyentes por honorarios suelen superar la deuda original, generando perjuicios y falta de acceso a la regularización fiscal. También plantea la necesidad de esclarecer si existe incompatibilidad con el ejercicio privado de la profesión.
La legisladora solicita información «clara, precisa y detallada» sobre los siguientes puntos:
- Cantidad de abogados que integran la estructura funcional del organismo
- Forma de contratación y el sistema de remuneración mensual de los abogados dependientes y/o contratados
- Origen de los fondos utilizados para el pago de esas remuneraciones
- Si los abogados, incluido el fiscal de Estado, perciben además honorarios derivados de apremios y procedimientos judiciales donde la Provincia resulte parte, y bajo qué condiciones
- Percepción total o parcial de los honorarios regulados cuando las costas son impuestas a la contraparte
- Montos mínimos por los que la fiscalía inicia ejecuciones fiscales y el cobro de multas
- Existencia de incompatibilidades para el ejercicio privado de la profesión y condiciones del bloqueo de título profesional para los abogados que se desempeñan en la Fiscalía de Estado
La diputada Lorena Parrilli en sus fundamentos señala que, según la Constitución de la Provincia de Neuquén y la Ley 1575, el Fiscal de Estado debe defender el patrimonio provincial y actuar en todos los juicios que afecten intereses fiscales. Parrilli advierte que los abogados de la fiscalía no tienen bloqueo de título, lo que les permite también ejercer en el ámbito privado, a pesar de tener garantizada toda la infraestructura y los gastos cubiertos por el Estado. Asimismo, resalta la importancia de esclarecer el régimen de honorarios, dado que los costos que deben afrontar los contribuyentes en concepto de honorarios suelen ser considerablemente mayores que el monto de la deuda original, lo que dificulta la posibilidad de regularizar la situación ante el fisco provincial.
“Cuando el objetivo del Estado es recaudar, no debería verse distorsionado por sumas excesivas de honorarios que terminan perjudicando a los vecinos y beneficiando de manera desproporcionada a quienes integran la Fiscalía de Estado y ya perciben un salario por esa tarea”, aseguró. Además, recordó que la Ley Provincial 1594 establece que quienes se desempeñan con asignación mensual fija o en relación de dependencia no debieran cobrar honorarios adicionales salvo situaciones expresamente pactadas y ajenas a su relación de dependencia.
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