El diputado César Gass del bloque Juntos por el Cambio presentó un proyecto de comunicación para solicitarle al Ejecutivo nacional que se abstenga de modificar la ley 26.639 —de Protección Ambiental para la Preservación de Glaciares— por implicar una violación al principio de progresividad y de no regresión.
Esta ley es una herramienta clave para la protección ambiental en Argentina, prohibiendo actividades extractivistas en glaciares y zonas periglaciares debido a su importancia en la provisión de agua dulce. El gobierno de Milei busca modificar la reglamentación para reducir el alcance de las áreas protegidas, favoreciendo así a las inversiones mineras e hidrocarburíferas. Esto ha generado alarma entre comunidades, científicos y organizaciones que advierten sobre la legalización de la destrucción de ecosistemas vitales y lo consideran un acto de negacionismo climático
En los fundamentos, el legislador informa que los glaciares almacenan cerca del 70% del agua dulce del planeta y cubren aproximadamente 700.000 kilómetros cuadrados de la tierra. Sin embargo, estas reservas están mermando por el cambio climático y se prevé que sigan disminuyendo en casi todas las regiones del mundo a lo largo del siglo XXI, según el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC).
Gass señala que contienen archivos irreemplazables de la historia humana, ambiental y climática, los cuales proporcionan a los científicos datos inestimables sobre patrones climáticos históricos, composición atmosférica e incluso actividad humana a lo largo de miles de años. También, señala que representan uno de los puntos de inflexión climáticos del planeta por ser reguladores del ciclo hidrológico y del nivel del mar.
La norma 26.639 se aprobó en septiembre de 2010 con el objetivo central de proteger estas reservas estratégicas de recursos hídricos. Agrega que la ley contiene las definiciones de glaciares y de periglacial en la alta montaña, entre otros conceptos referidos a la materia.
Sin embargo, el legislador sostiene que según comunicaron medios informativos, el Gobierno nacional, en uso de las facultades delegadas por la Ley de Bases, trabaja en la modificación de la ley en cuestión, lo cual afectaría el principio de progresividad y de no regresión.
