El Comité Provincial para la Prevención de la Tortura realizó un relevamiento entre el 15 de febrero y el 17 de abril de este año en la Unidad de Detención N° 11 de la ciudad de Neuquén a partir del cual elaboraron un informe que presentaron al gobierno provincial. La información vuelve a sacar a la luz la realidad que viven las personas privadas de su libertad en la provincia.
¿Hicieron un relevamiento en la Unidad de Detención N°11?
Hicimos un trabajo donde entrevistamos a más de 220 personas, en la U11, la unidad de detención más grande que depende de la provincia de Neuquén. Ahí nos encontramos con situaciones complejas, por ejemplo, no hay dispositivos para trabajar la violencia de género, dificultades en el acceso a la educación y a la salud. Ninguna de las personas privadas de su libertad puede ejercer el derecho al trabajo, como lo entiende la ley 24.660.
¿Qué dice la ley sobre el derecho al trabajo?
Nuestra ley dice que toda persona privada de su libertad tiene derecho a ejercer el derecho al trabajo con el objetivo de aprender un oficio que se vincule con un mundo productivo y acceder a un pequeño recurso económico que le permita, cuando recupere la libertad, tener un fondo de reserva para no estar desesperada. Muchos de esos derechos, especialmente el derecho al trabajo, no se ejercen en nuestra provincia.
¿Qué otras situaciones se encontraron?
También nos encontramos con personas durmiendo en el piso, con problemas en el abrigo y con pocas frazadas. La mayoría de las personas privadas de su libertad rechazan, si pueden, la comida que les llega, porque muchas veces les genera malestar. La comen únicamente las personas que no tienen otra opción. Quisiera hacer un asterisco al pie: queremos estudiar esta temática y enviamos tres notas solicitando el pliego para poder estudiarlo, ya que nos preocupa que se está haciendo una inversión por parte del Estado y la comida generalmente es tirada. La mayoría de las personas privadas de su libertad termina alimentándose con la comida que les llevan sus seres queridos y que es compartida solidariamente para poder sostenerse y no pasar hambre. Ahí hay un valor de solidaridad que me parece interesante poner en valor.
¿Hay sobrepoblación?
Sí, el cupo que fija la policía está desbordado. También hay un límite que puso la justicia de que, como está superado ese cupo, no puede ingresar más gente a la unidad 11. Esto está generando que las comisarías, que no estaban pensadas con ese objetivo, hoy por hoy están sobrepobladas. Tenemos personas condenadas en las comisarías cuando la normativa establece que no puede haber personas condenadas en comisarías porque no están pensadas para eso. Entonces, te encontrás con personas donde se le vulneran todos los derechos porque no tienen derecho al trabajo, a la salud, a la educación y terminan muchas veces durmiendo en el piso porque no tienen ni siquiera una cama para alojarse.
¿Hay tortura en las cárceles?
La Asamblea del año 13, hace más de 200 años, prohibió la tortura en nuestro país. Sin embargo, muchísimos informes plantean que hay situaciones de profunda degradación de las personas privadas de su libertad. Esto tiene que ver con una cultura punitivista, violenta, con el discurso de «que se pudran en la cárcel», que muchas veces se reproduce y se legitima en el discurso mediático. Garantizar derechos es una forma de reducir la violencia. El centro universitario de la UBA en la cárcel de Devoto demuestra que las personas que pudieron estudiar ahí tienen una tasa de reincidencia mucho más baja. Garantizar derechos, como el derecho al trabajo y a la educación, ofrece más herramientas para incluirse socialmente cuando recuperen la libertad.
¿Qué hacen ustedes con este informe que elaboraron? ¿Dónde lo presentan?
Este informe lo difundimos. Primero lo presentamos a los tres poderes del Estado, como establece la ley. A fin de año, hacemos un informe global que será presentado y difundido en la legislatura. También hacemos una serie de recomendaciones marcando las carencias y la vulneración de derechos que se están cometiendo. Las recomendaciones incluyen proveer mayores elementos de higiene, generar mecanismos más rápidos de atención a la salud, y construir dispositivos que trabajen la violencia de género. Generar, en definitiva, lo que dice la ley 24.660: que toda persona privada de su libertad tenga derecho al trabajo, a la salud, a la educación, y a verse con sus seres queridos.
