Los diputados Francisco Lépore (Avanzar Neuquén), Claudio Dominguez (MPN) y Guillermo Monzani (Hacemos Neuquén) presentaron un proyecto de ley para reglamentar la implementación de consultas populares vinculantes y no vinculantes en la provincia.
El diputado Francisco Lépore, uno de los autores del proyecto, aseguró que “con este proyecto se viene a saldar una deuda histórica con el pueblo de Neuquén que incorporó la consulta pública en el año 2006 y nunca se reglamentó para hacerla posible”.
La Constitución de Neuquén incorpora esta herramienta en sus artículos 310 y 311, pero sólo en términos generales. Hubo durante estos años distintas iniciativas pidiendo la reglamentación de la consulta popular, sin embargo, los bloques mayoritarios no acompañaron. Hoy, en el marco del conflicto de ATEN y el debate de la educación como servicio esencial, reaparece este proyecto.
Según sus autores, la iniciativa apunta a incentivar la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas en un marco moderno y accesible. Establece el procedimiento para la convocatoria a consulta vinculante, que deberá ser aprobada por mayoría absoluta en sesión especial de la Cámara. La convocatoria deberá contener el texto completo de la ley y la formulación de las preguntas debe hacerse de manera clara y precisa que permita obtener una respuesta categórica. Si la ley se ratifica por consulta popular vinculante, no podrá ser vetada por el Poder Ejecutivo. El voto del electorado es obligatorio.
En el caso de las consultas no vinculantes, el proyecto establece que podrán convocarlas el Poder Legislativo, el Ejecutivo y los municipios sobre decisiones de sus respectivas competencias y podrán incluir puede incluir uno o más temas de interés general. El voto no es obligatorio y la participación ciudadana podrá ser tanto presencial como digital. En este último punto, contempla el uso de plataformas digitales, como sitios web oficiales o aplicaciones, y deberán cumplir con las normas internacionales de accesibilidad para garantizar la participación equitativa de personas con discapacidades.
En los fundamentos, los autores destacan la importancia de la iniciativa para “fortalecer nuestra democracia y asegurar que todas las voces sean escuchadas en las decisiones políticas”.
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