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Política

Todero quiere impedir por ley el traspaso indiscriminado de bienes del Estado

El diputado nacional neuquino Pablo Todero presentó un proyecto de ley para que, tal como indica la Constitución, el Congreso sea quien autorice la venta de inmuebles propiedad del Estado Nacional.

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El legislador nacional de Unión por la Patria, Pablo Todero, propone una ley para que sea el Congreso el que autorice la venta de inmuebles propiedad del Estado. Actualmente, la toma de decisiones en la venta o transferencia de terrenos, campos e inmuebles en general pasa únicamente por el Poder Ejecutivo a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), pese a que la Constitución establece que compete al Congreso “disponer del uso y de la enajenación de las tierras de propiedad nacional”.

“Necesitamos que el Congreso cumpla con sus funciones. Hoy la venta y cesión de terrenos del Estado dependen de la voluntad de dos funcionarios de turno, cuando desde 1853 está explícitamente establecido que le compete al Parlamento. Si queremos calidad institucional, y evitar suspicacias o negocios ocultos con los bienes del estado, cumplamos con el mandato constitucional”. Así se refirió Todero al proyecto.

“La voz de los municipios es muy importante respecto a qué uso se le da a los inmuebles del Estado Nacional. En el interior del país sabemos bien el impacto que tienen los terrenos de ferrocarriles o el Ejército y cómo impactan las decisiones sobre ellos. Por eso, es fundamental que su voz sea tenida en cuenta”, agregó el legislador peronista.

En nuestra provincia, “hay terrenos que pertenecen al Ejército y que las localidades los necesitan para su desarrollo”, señaló Todero, y agregó que “con esta ley vamos a proteger esos bienes y que no puedan ser vendidos a privados solo con la decisión de un funcionario del gobierno nacional”.

La iniciativa también establece una mayoría parlamentaria especial para la venta de inmuebles que estén ubicados en Zonas de Frontera, así como la imposibilidad que aquellos que hubieran sido cedidos en el uso a favor de empresas públicas u organismos descentralizados formen parte de los bienes a privatizarse.

 

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