El diputado del Frente de Izquierda Andrés Blanco hizo pública su opinión sobre la reforma del artículo 222 del Código Procesal Penal que se votó despacho por mayoría en el Legislatura de Neuquén
La reforma del Código Procesal Penal es parte del paquete de leyes consensuadas por el bloque del Movimiento Popular Neuquino y los diputados y diputadas que responden al gobernador electo Rolando Figueroa y al presidente Javier Milei.
La Legislatura de Neuquén se prepara para aprobar en la sesión de este miércoles una ley de reforma del Código Procesal Penal y cambiar las reglas para el juicio directo eliminando la exigencia de acuerdo entre las partes para su implementación en los casos de flagrancia.
La reforma del artículo 222 del Código Procesal Penal es parte del paquete de leyes consensuadas por el bloque del Movimiento Popular Neuquino y los diputados y diputadas que responden al gobernador electo Rolando Figueroa y al presidente Javier Milei. Son los acuerdos de transición para allanar el camino para la judicialización y criminalización de quienes se resistan a los planes de ajuste que anticipan.
El Frente de Izquierda rechazó esta reforma reaccionaria porque otorga mayor poder a las fuerzas represivas y a los funcionarios judiciales, en particular a la Fiscalía, ataca el derecho a la defensa de los sectores más vulnerables de la sociedad y profundiza la criminalización de la protesta social.
En primer lugar, porque busca legitimar la idea de que frente a la flagrancia, cuando una persona es encontrada in fraganti cometiendo un delito o luego de cometerlo, no hay garantías mínimas de defensa. Es la Policía la que define cuándo hay flagrancia. Es decir, cuándo hay delitos y cuándo no, y por lo tanto tiene vía libre para armar causas. Los delitos en flagrancia que van desde un robo hasta la protesta social.
El proyecto además instala la idea reaccionaria que flagrancia es lo mismo que condena. Sencillamente sería así: si la Policía dice que hubo delito, con todo lo que eso significa, la Fiscalía puede pedir que se realice un juicio directo y el Juez de Garantías resolver avanzar en un juicio rápido y una condena sin el consentimiento de la Defensa.
El juez de garantías no sólo puede obviar el acuerdo de la defensa para efectuar un juicio sino que además, si ésta se opusiera, la resolución es inamovible, no se puede apelar. Esto es grave y vulnera los derechos y garantías de las y los imputados que no se pueden defender.
Es grave. Intentan avanzar rápidamente a costa de todas las garantías como defensa en juicio, debido proceso, principio de inocencia hasta que exista sentencia firme pero no de todos los imputados e imputadas. La persecución judicial como siempre es selectiva. Es eficiente y veloz para perseguir, condenar y encarcelar a los sectores populares y lenta para los poderosos.
Un ejemplo de esto es lo que pasa en la provincia con los delitos de corrupción como es el caso de las estafas con los planes sociales en la que están involucrados altísimos funcionarios del gobierno. Pidieron ocho meses más de investigación y hace un año y medio que están investigando. Lo mismo pasó con el policía que disparó por la espalda al diputado Raúl Godoy. Cinco años se tomaron para llevar adelante el proceso judicial plagado de maniobras.
Está claro. Esta reforma busca imponer juicios y condenas rápidas para los sectores más vulnerables que cometen delitos comunes sin resolver el problema de fondo de la inseguridad. Busca profundizar la judicialización y criminalización de quienes protestan, cortan calles y rutas en legítima defensa de sus derechos. Mientras que garantiza la impunidad a los poderosos con procesos judiciales interminables e impunidad para los poderosos.
Las organizaciones gremiales, sociales y políticas tienen que rechazar esta reforma reaccionaria y grave en el contexto del ajuste brutal que prepara el gobierno electo de Milei y la defensora de genocidas Villarruel.
Pubicada originalmente en La Izquierda Diario
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