La Legislatura de Neuquén aprobó la comunicación 269, por la cual se solicita al gobierno de Javier Milei que suspenda la venta y subasta de terrenos de dominio nacional en la provincia y mantenga su uso como espacios públicos. La medida fue tomada durante la 27° sesión ordinaria, luego de unificar propuestas de Hacemos Neuquén, Neuquén Federal y Unión por la Patria (UxP).
El diputado Guillermo Monzani (Hacemos Neuquén) argumentó que el parque Jaime De Nevares está destinado al uso público, por lo que cualquier cambio de uso urbano requeriría aprobación del Concejo Deliberante local. Además, señaló que la comunidad se ha “apropiado el espacio” y defiende su función recreativa.
Por su parte, Ludmila Gaitán (MPN) rechazó el decreto nacional que incluye bienes de Neuquén en un listado de propiedades a subastar. “Bajo ningún punto de vista se puede considerar a un parque o pulmón verde como un ‘costo sobredimensionado’ para el gobierno nacional”, afirmó.
La iniciativa también contó con el respaldo de Gerardo Gutiérrez (MPN), quien destacó el proceso de participación ciudadana que impulsó la creación de un pulmón verde en el lugar y recordó los convenios firmados con el gobierno nacional para utilizar el edificio en Senillosa como centro de detención, en reemplazo de la ex cárcel U9.
Desde UxP, Darío Martínez defendió el parque como un espacio público “apropiado por los neuquinos y neuquinas” y cuestionó las irregularidades del decreto, que incluye tierras ya vendidas por el Estado. En el mismo sentido, Francisco Lepore (Avanzar) instó a declarar el predio como patrimonio cultural de la provincia, mientras que Carlos Cogggiola (Neuquén Federal) enfatizó la importancia de que la Legislatura “levante la voz en defensa de estos predios”.
Por JxC-UCR, César Gass aportó contexto histórico sobre las gestiones por las tierras, indicando que “es muy poco lo que puede reclamar Nación por ese predio”, al recordar que la construcción de la cárcel en Senillosa quedó a cargo del gobierno provincial.
Brenda Buchiniz, de Cumplir, no acompañó la iniciativa y mencionó que hay conversaciones en curso con funcionarios nacionales. Sin embargo, sostuvo que no debería considerarse un bien de la comunidad solo porque es usado por la ciudadanía.
Finalmente, Gabriela Suppicich (FIT-U) recordó el proyecto de su espacio en el Congreso Nacional para anular el decreto que propone subastar 309 inmuebles, incluidos sitios de memoria como centros clandestinos de detención. “El decreto está hecho a medida del lobby inmobiliario del grupo IRSA”, expresó.
