El diputado de Unión por la Patria, Darío “Pampa” Peralta, junto a su par Darío Martínez, presentó un proyecto de ley en la Legislatura de Neuquén para establecer exámenes toxicológicos obligatorios para los funcionarios de los tres poderes del Estado provincial.
La iniciativa busca asegurar que quienes ejercen la función pública lo hagan con plena capacidad y responsabilidad, promoviendo la transparencia y el cuidado de la salud. «Un funcionario que cuida su salud es un funcionario que seguramente va a cuidar los recursos de los neuquinos y garantizar una mayor transparencia en el Estado», afirmó Peralta.
El proyecto establece que los exámenes deberán realizarse anualmente y alcanzarán al gobernador y vicegobernador, ministros, secretarios, subsecretarios, legisladores provinciales, magistrados del Poder Judicial, personal de las fuerzas de seguridad y del servicio penitenciario. Serán un requisito obligatorio para el acceso y permanencia en los cargos, con el Ministerio de Salud como autoridad de aplicación.
Los resultados de los análisis serán confidenciales, según lo establecido en la Ley Nacional N° 25.326 de Protección de Datos Personales. En caso de detectarse sustancias psicotrópicas ilegales, el funcionario deberá someterse a un tratamiento adecuado.
El proyecto contempla sanciones para quienes incumplan con la medida, incluyendo la suspensión temporal del cargo hasta la regularización de la situación y la remoción definitiva en caso de reincidencia o negativa injustificada a realizarse los estudios.
«Las adicciones van a ser la próxima pandemia y queremos establecer una política de Estado clara y contundente en la lucha contra el narcotráfico», sostuvo Peralta. Según explicó, la exigencia de exámenes físicos y psíquicos, incluyendo la detección de adicciones, es fundamental para garantizar que los funcionarios públicos estén en condiciones óptimas para desempeñar sus funciones.
El presidente del bloque del PJ, Martínez, destacó que «es imprescindible que quienes ocupan cargos de responsabilidad puedan ejercer sus funciones sin ningún tipo de condicionamiento, asegurando que las decisiones que afectan a la sociedad sean tomadas con plena lucidez, autonomía y responsabilidad».
Finalmente, los legisladores aclararon que la iniciativa no busca criminalizar a quienes padecen adicciones, sino proporcionar herramientas para su recuperación.
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