La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) presentó una acción de amparo y una medida cautelar contra el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 340/25, firmado por el presidente Javier Milei. La presentación, impulsada por el secretario general Carlos Quintriqueo, se realizó ante la Justicia Federal y exige que se declare la nulidad, inconstitucionalidad y anti convencionalidad del artículo 3 del decreto, que restringe el derecho constitucional a huelga.
En el escrito judicial, ATE argumentó que el decreto viola numerosos artículos de la Constitución Nacional, entre ellos el 1, 14 bis, 75 inciso 22, del 77 al 84, y el 99 inciso 3. Además, se citan convenios y pactos internacionales que resguardan el derecho a la protesta laboral, como el Convenio Nº 87 de la OIT, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículo 8.3), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 22.3), y la Convención Americana de Derechos Humanos (artículo 26).
El gremio también solicitó que se suspenda en forma cautelar la vigencia, los efectos y la aplicación del artículo 3 del DNU 340/25, así como de toda normativa o acto derivado del mismo, hasta que exista una sentencia firme.
En su fundamentación, ATE advirtió que “el DNU 340/25 pretende vulnerar el principio republicano, la división de poderes y la interdicción constitucional de la suma del poder público, lo cual pone en juego la existencia misma del Estado constitucional”. Agregó que el Poder Ejecutivo “tiene vedado constitucionalmente dictar leyes”.
Carlos Quintriqueo sostuvo que “sabemos que Milei no tiene respeto por las instituciones, por el Estado, por la división de poderes, por los trabajadores y, mucho menos, por los derechos que los asisten”. Añadió que “el decreto 340 pretende ser una reforma constitucional, la cual no está facultado a hacerla. Su plan es destruir todo, y nosotros no lo vamos a permitir, ya que en estos decretos está en juego el futuro del país”.
“No se pueden eliminar derechos adquiridos con historia de lucha y sangre, que además están amparados por legislaciones internacionales”, afirmó el dirigente sindical.
