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SEJUN exigió la aprobación del orden de mérito definitivo para ingresantes al Poder Judicial de Neuquén

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El Sindicato de Empleados Judiciales de Neuquén (SEJUN) envió una solicitud a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Soledad Gennari, exigiendo la aprobación del orden de mérito definitivo de los ingresantes al Poder Judicial para aliviar la sobrecarga laboral y mejorar la prestación del servicio.

El Sindicato de Empleados Judiciales de Neuquén (SEJUN) emitió una nota dirigida a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Soledad Gennari, para solicitar la aprobación del orden de mérito definitivo de los ingresantes al Poder Judicial de Neuquén en el próximo acuerdo judicial.

En la comunicación, SEJUN resaltó la urgencia de esta medida debido a la situación crítica que enfrentan numerosas dependencias judiciales en la provincia. La falta de personal administrativo ha llevado a que muchas tareas se realicen con dotaciones mínimas, lo que ha generado una sobrecarga laboral que está afectando la salud psicofísica de los trabajadores y dificultando la prestación eficiente del servicio.

«Existe una necesidad imperante de incorporar personal administrativo en diversas dependencias judiciales de nuestra provincia. La situación actual está generando un deterioro significativo en el bienestar de los trabajadores y está obstaculizando la normal prestación del servicio judicial», expresó el sindicato en un comunicado.

Ante esta situación, SEJUN instó a la presidenta del TSJ a agilizar los trámites burocráticos necesarios para la aprobación del orden de mérito definitivo y así poder atender de manera urgente esta emergencia. La aprobación de este orden de mérito permitirá una asignación más eficiente del personal administrativo y contribuirá a mejorar las condiciones laborales en el Poder Judicial de Neuquén.

El sindicato también manifestó su disposición a colaborar con las autoridades judiciales para encontrar soluciones a corto plazo que permitan hacer frente a esta situación de emergencia y garantizar un funcionamiento adecuado del sistema judicial en la provincia.

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