La organización feminista La Revuelta señaló al gobierno de Neuquén por desobedecer una orden judicial que le exige reincorporar a una trabajadora de la Subsecretaría de Trabajo que denunció a su jefe por violencia sexual en septiembre de 2022. “A pesar de las recomendaciones obligatorias de la Oficina de Intervención en Violencia Laboral provincial y una orden judicial emitida el 21 de mayo de 2024, la administración sigue sin cumplir con la medida”, indicaron.
En septiembre de 2022, una trabajadora de la Subsecretaría de Trabajo denunció a su jefe, el entonces subsecretario Ernesto Seguel, por violencia sexual. Solicitó medidas de protección al exgobernador Omar Gutiérrez y al ministro de Desarrollo Social, sin obtener respuesta.
En octubre de 2022, recurrió al Poder Judicial porque no se adoptaron medidas. Ese mes, Seguel renunció y accedió a su jubilación en medio del silencio cómplice de las autoridades gubernamentales. Fue reemplazado por Nelson Sandro Alegría, quien, según denuncias, realizó acciones sistemáticas para destruir la reputación de la trabajadora e impedir el ejercicio de su trabajo como represalia.
Desde diciembre de 2023, la denunciante dejó de recibir tareas y su salario fue interrumpido sin notificación de baja laboral. La Oficina de Intervención en Violencia Laboral provincial recomendó su reincorporación, una medida que no se ha cumplido a pesar de ser obligatoria.
El 21 de mayo de 2024, en el marco del procedimiento previsto en la Ley N° 2786, un juez ordenó al actual Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral de Neuquén, dirigido por Lucas Castelli, otorgar funciones efectivas a la denunciante. La ley establece que toda medida cautelar debe cumplirse de manera inmediata.
Hasta la fecha, La Revuelta denuncia que “la provincia incumple esa medida judicial y, de manera insólita, a través de la fiscalía de estado impugnó la cautelar. La violencia laboral e institucional persiste contra la trabajadora por atreverse a denunciar. Esa respuesta es regresiva, pretende disciplinar y desalentar a que otras rompan el silencio”.
“Exigimos al gobierno de la provincia de Neuquén que cumpla la medida judicial y cese con la violencia ejercida contra la denunciante”, aseguraron en un comunicado desde La Revuelta.
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