El Comité Provincial para la Prevención de la Tortura de Neuquén enfrenta su momento presupuestario más crítico. La comisionada designada no ha recibido su salario, vulnerando así sus derechos laborales.
Desde el Comité subrayaron que “este deterioro institucional no es aislado”. Agregaron que “a cinco años de la aprobación de la Ley 3213, tres años después de la promulgación de su decreto reglamentario, dos años desde el inicio del proceso de designación, y casi un año desde que comenzó a operar, persiste un desacuerdo entre la Legislatura y el Ejecutivo respecto al presupuesto del Comité”.
Los comisionados marcaron un traslado inapropiado de partidas entre ambos poderes y una utilización del presupuesto que carece de claridad y actualización. Estas situaciones han sido objeto de reclamos formales e informales en más de una ocasión.
Desde su creación, el Comité cuenta con un presupuesto acotado que no cubre los gastos de funcionamiento. Los comisionados y comisionadas realizan su labor diaria acorde a la Ley 3213 con insumos propios, pudiendo cubrir solo la zona de la Confluencia. Contaron que han solicitado movilidad y otros insumos básicos, como un teléfono para comunicación directa, sin obtener respuesta.
“En un contexto de grave crisis carcelaria, donde se dictó una ley de emergencia que incluyó al Comité por su experticia y funciones específicas como órgano consultivo, resulta imprescindible que pueda cumplir con sus funciones”, indicaron.
Entre las funciones del Comité se destacan: Inspeccionar todos los lugares de detención o encierro de la provincia, recibir denuncias por violaciones a la integridad psicofísica de las personas privadas de su libertad y realizar informes periódicos sobre las condiciones de detención.
También realizar entrevistas individuales o colectivas con personas privadas de su libertad, diseñar y proponer campañas públicas de concientización.
Además, organizar talleres, encuentros o seminarios de capacitación dirigidos a agentes policiales, penitenciarios y judiciales, así como al personal relacionado con la temática de las personas privadas de libertad.
Elevar un informe público anual a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial sobre las tareas y actividades realizadas durante el año, evaluar las condiciones de detención de las personas privadas de libertad, con el objetivo de prevenir y erradicar la tortura y los malos tratos en la provincia.
La falta de acuerdo entre los poderes Ejecutivo y Legislativo sobre la administración del presupuesto ha generado serias dificultades operativas, impidiendo al Comité contar con los recursos necesarios para su funcionamiento efectivo.
La carencia de presupuesto para gastos básicos como movilidad y comunicación compromete gravemente la capacidad del Comité para cumplir con sus responsabilidades.
Integrantes del Comité, Estefanía Buamscha, Roberto Samar, Pablo Scatizza, Silvia Couyoupetrou, Pablo Mauli, Jorgelina González y Néstor Giménez, hacen un llamado urgente para resolver estas discrepancias y garantizar el funcionamiento adecuado del Comité, fundamental para la protección de los derechos humanos en Neuquén.
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