El Tribunal Oral Federal 1 (TOF) de Neuquén escuchó este viernes en el marco del juicio «Escuelita VIII» la declaración de los exfuncionarios judiciales Pedro Laurentino Duarte y Víctor Marcelo Ortiz, acusados por crímenes de lesa humanidad cometidos en la región contra 22 personas durante la última dictadura cívico militar.
El Tribunal Oral Federal 1 (TOF) de Neuquén escuchó ayer, en el marco del juicio «Escuelita VIII» la declaración de los exfuncionarios judiciales Pedro Laurentino Duarte y Víctor Marcelo Ortiz, acusados por crímenes de lesa humanidad cometidos en la región contra 22 personas durante la última dictadura cívico militar, cuando se desempeñaban como funcionarios judiciales.
La audiencia inició pasadas las 9 de la mañana con el planteo de la querella del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh), «respecto a la coautoría en casos análogos como el analizado, el TOF 1 de La Plata ha dicho que es tan torturador el que enchufa el cable en la pared como el que enciende la radio para que no se escuchen los gritos; el que pasa la picana por los genitales de la víctima como el que llega después para aconsejarle que hable, para no ser torturado nuevamente».
«Esta querella adhiere a dicho concepto de coautoría, y bajo esta tesitura, solicitamos a los señores jueces se eleve a juicio esta etapa y se juzgue a los imputados de acuerdo a la calificación legal descrita en el aparato correspondiente», expresó la querella del Ceprodh.
Asimismo, agregó que «los hechos por los cuales se solicita la elevación a juicio de las presentes actuaciones surgen a partir de las contribuciones de los imputados a la ejecución del plan sistemático y clandestino de represión criminal estatal, perpetrado en la Argentina entre 1976 y 1983».
La querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación indicó que «Duarte debe ser juzgado por ser autor penalmente responsable del delito de omisión, de promover la persecución penal y autor del delito de prevaricato, y Ortiz debe de ser juzgado por ser autor penalmente responsable del delito de omisión de promover la persecución penal.
En su declaración, el exjuez manifestó que «los hechos que se han expuesto no han ocurrido algunos, y otros han sido mutilados, alterados o cambiados».
«Formalmente tengo que negar los hechos de que se me acusa y decir que no he sido un juez dispuesto o que hubiera garantizado la impunidad para nadie. Al contrario, he realizado diversos actos durante mi gestión por los cuales me opuse a que pudiera lograrse evadir la acción de la Justicia», dijo Duarte.
Además, sostuvo: «desconocíamos los lugares de alojamiento. Se comprobó que no tuvimos conocimiento por ningún medio de que las personas damnificadas sufrieran tormentos».
«Las víctimas, cuando declararon ante la Justicia Federal de Neuquén, no se refirieron a los tormentos que hubieran padecido; no dijeron que fueron víctimas de tormentos durante sus detenciones», añadió el exjuez.
Por su parte, Ortiz declaró: «no existe deber legal incumplido, ni por mí ni por todos los funcionarios a cuyo cargo se encuentran los expedientes citados».
«Mi conducta siempre fue proactiva al pedir de manera oficiosa, y sin petición de ninguna parte, que los procesos de hábeas corpus se transformaran en una acción penal más amplia», afirmó el exfiscal.
En la primera audiencia, el pasado 20 de octubre, el fiscal general Miguel Ángel Palazzani indicó que a los imputados, quienes se despeñaron como magistrados de la Justicia Federal dentro de la órbita de la provincia de Neuquén, «se los vincula con la violación a los derechos humanos cometidos en esta jurisdicción por miembros de las Fuerzas Armadas (FFAA), en perjuicio de las víctimas que militaban, en su mayoría, en agrupaciones políticas, entre los años 1976 y 1983».
El juicio «Escuelita VIII» aborda la actuación de los exmagistrados en el trámite de los expedientes judiciales iniciados entre 1976 y 1983 por los familiares de las víctimas Orlando Cancio, Milton Gómez, Teresa Oliva, Enrique Esteban, José Delineo Méndez, Susana Mujica, Darío Altomaro, Alicia Pifarre, Josefa Leppori de Mujica, Miguel Ángel Pincheira, Javier Octavio Seminario Ramos; Raúl Eugenio Metz, Graciela Alicia Romero y el hijo de ambos nacido en cautiverio; Raúl Esteban Radonich, Oscar Alfredo Ragni, Arlene Seguel, Carlos Chaves, César Dante Giliberto, Mirta Felisa Tronelli, Cecilia Vecchi, Lucio Espíndola y Carlos Schedan.
Entre las víctimas desaparecidas se encuentran Graciela Romero, Raúl Eugenio Metz y el hijo de ambos, nacido en el centro clandestino de detención y tortura “La Escuelita” de Bahía Blanca.
En Neuquén, se realizaron hasta el momento siete juicios contra exjefes militares y de fuerzas de seguridad nacionales y provinciales por delitos de lesa humanidad cometidos en la región.
«Escuelita VIII» es el primer juicio en el que se juzga a exfuncionarios judiciales que se desempeñaron en la provincia durante la última dictadura cívico militar.
La próxima audiencia se llevará a cabo el viernes 17 de noviembre, cuando se presentarán a declarar cuatro testigos.
