El Dispositivo de Inclusión Habitacional Ana María Firman denunció la situación de vaciamiento y precarización laboral de sus trabajadores y trabajadoras. Desde el mediodía, de este lunes repartieron volantes a la comunidad, realizaron una conferencia de prensa y en asamblea resolvieron pedir una audiencia con autoridades del Ministerio de Salud.
El Dispositivo de Inclusión Habitacional se creó, conforme a lo dispuesto por la Ley Nacional de Salud Mental, con el objetivo de brindar soluciones habitacionales para personas con padecimientos de salud mental y consumos problemáticos que se encuentran realizando un tratamiento ambulatorio o en condiciones de ser externadas de instituciones monovalentes de salud mental (públicas o privadas) y que no cuentan con otras posibilidades de acceso a una vivienda digna en la comunidad.
“Nuestro equipo acompaña a los usuarios y usuarias. Elaboramos estrategias de tratamiento interdisciplinarias e intersectoriales. Trabajamos las habilidades de la vida diaria de usuarios de salud mental con patologías graves, que tienen muchos años de institucionalización y de vulneración de todos sus derechos. Tienen que aprender un montón de cosas nuevamente para poder estar en sociedad, desde el manejo del dinero, los hábitos básicos, el tema de la alimentación, el tema de la convivencia”, explicó María Vallejo, trabajadora social del dispositivo habitacional.
El equipo interdisciplinario está conformado por acompañantes terapéuticos, trabajadores sociales, psicólogos, enfermeros y cuidadores. Pero la falta de recurso humano es una realidad en todos los hospitales, centros de día, centros de atención primaria de la salud y áreas de salud mental de la provincia.
“En este momento en el equipo psicosocial solamente somos dos profesionales porque se le dio el pase a una psicóloga y no se cubrió ese cargo. La psiquiatra acaba de renunciar y tenemos otra compañera que hace 8 meses que tiene el pase pedido y nunca lo efectivizaron”, denunció Vallejo.
Y continuó: “Contamos solamente con una enfermera de planta y dos que están precarizadas para una cobertura total de 16 horas diarias los 7 días de la semana. Tenemos acompañantes terapéuticos en distintas situaciones laborales. Los que están contratados por Incluir Salud, el último mes que cobraron el salario fue en enero. El año pasado hubo un llamado a concurso para cubrir cargos de acompañante terapéutico y no se efectivizó su ingreso”.
El Ministerio de Salud firmó convenios en septiembre del año 2024 con distintos ministerios con el objetivo de “fortalecer” la habilitación de dispositivos habitacionales de salud mental. “La salud mental no es una temática de un ministro o de un ministerio sino que la tenemos que abordar como comunidad, porque esa persona que goza de derechos también necesita alquilar, trabajar, tener una vida lo más plena posible”, dijo el ministro Martín Regueiro.
Pero lejos está la realidad que denuncian los equipos de estos dispositivos y las personas que viven en ellos, es diferente. La referente María Vallejo contó que los cuidadores, que pertenecen al Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo, anunciaron que a partir de esta semana no van a cubrir más el turno mañana. Estos trabajadores y trabajadoras son claves para el contacto cotidiano y el tratamiento de los y las usuarias. “Son un recurso humano que está en una situación de precarización y flexibilización laboral desde hace más de tres años y que es un recurso humano que ha sido formado en este dispositivo para desempeñar su tarea”, denunció.
Por otro lado, como equipo interdisciplinario reclaman que se les reconozca la criticidad de la tarea y trabajar seis horas diarias como establece el Convenio Colectivo de Salud para las áreas de salud mental de la provincia. “Lo exigimos por el tipo de tarea que realizamos y por el deterioro que se produce en nuestra subjetividad a partir del tipo de tarea que realizamos”.
En la provincia existen cuatro dispositivos habitacionales que alojan usuarios y usuarias de diferente nivel de complejidad: dos en Neuquén capital, uno en Vista Alegre y otro en San Martín de los Andes. Lo que tienen en común es que todos sufren la falta de recursos necesarios. “No se está respetando la ley de salud mental y se están vulnerando los derechos de los y las usuarias de salud mental porque hay un vaciamiento de la política pública”, concluyó la trabajadora social María Vallejo.
Fuente: La izquierda Diario
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