El gobierno de Javier Milei despidió a 93 personas travestis, trans y no binaries que trabajaban en la administración pública, en un retroceso alarmante tras años de avances en políticas de inclusión laboral.
Una vez más, la discriminación y la exclusión se hacen sentir en la administración pública, esta vez con el despido masivo de 93 personas travestis, trans y no binaries (TTNB) que se desempeñaban en diversos organismos del gobierno nacional. Este acto, realizado por el gobierno de Javier Milei, constituye un grave retroceso en términos de derechos laborales y una afrenta directa a la ley de cupo laboral trans, que buscaba reparar una histórica deuda de la democracia.
Según informes del Observatorio Zaguán TranSindical (Frente de TraVajadorxs TTNB+) y el Observatorio Sindical de Géneros y Relaciones Laborales de la Secretaría de Género y Diversidad de ATE Nacional, estos despidos afectan a trabajadores y trabajadoras que habían accedido a empleos registrados gracias a la ley N° 27.636 «Diana Sacayán-Lohana Berkins», promulgada en junio de 2021. Esta ley establece la contratación de al menos un 1% de personas TTNB en el Sector Público Nacional, como medida para combatir la exclusión y la discriminación en el ámbito laboral.
La secretaria de Género y Diversidad de ATE Nacional, Clarisa Gambera, lamentó estos despidos y denunció la violencia institucional y la discriminación que representan. «Estamos ante un gobierno que ataca los derechos laborales y muestra desprecio por políticas de promoción de derechos que garanticen la igualdad de oportunidades», expresó Gambera.
Los despidos afectaron a distintos organismos estatales en todas las provincias del país, con mayor concentración en la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Trabajo y la ANSES. Esta medida, además de ser una violación flagrante de los derechos laborales, evidencia un ensañamiento particular contra las personas TTNB que trabajan en la administración pública.
En este contexto, desde la secretaría de Género y Diversidad de ATE Nacional se están desarrollando estrategias para enfrentar estos despidos y brindar apoyo a las personas afectadas. «Es una obligación del Estado generar medidas que reparen, protejan y promuevan derechos, en línea con leyes nacionales y tratados internacionales», subrayó Gambera.
Los despidos masivos en la administración pública constituyen un duro golpe para la inclusión laboral y los derechos de las personas TTNB en Argentina. En un momento en que la lucha por la igualdad y la diversidad sigue siendo crucial, es fundamental que se tomen medidas concretas para frenar esta ola de discriminación y garantizar un ambiente laboral inclusivo y respetuoso para todos y todas.
