El Sindicato de Profesionales de la Salud Pública de Neuquén alertó que la ley del Ejecutivo que busca fortalecer el recupero financiero incorpora la utilización de los fondos para la contratación de profesionales y para incentivo al personal.
Los diputados y diputadas comenzaron a debatir tres proyectos que presentó el gobernador Rolando Figueroa relacionados con la salud pública. El proyecto de ley que adhiere a la ley nacional 26906 que implementa un sistema de trazabilidad con el objetivo de conocer el recorrido de los medicamentos, se aprobó sin mayor debate.
Pero hay dos que generaron dudas y oposición entre los bloques de la oposición y los profesionales de la Salud: el proyecto ley de formación residencias del sistema de salud y el que busca ampliar el recupero financiero del sistema público de salud.
La comisión de Desarrollo Humano y Social invitó, a la próxima reunión, a profesionales del Sindicato de Profesionales de la Salud Pública de Neuquén (Siprosapune) para consultarlos sobre ambos proyectos. NeuquénWeb consultó al Dr. Juan Ferrari, secretario general del sindicato de profesionales, sobre el proyecto de arancelamiento.
Ferrari explicó que la nueva ley de arancelamiento modifica la Ley Provincial 3012 que habilitaba al arancelamiento a las obras sociales e incorpora dos cuestiones preocupantes:
“Una, que se postule que fondos de arancelamiento, a partir de las obras sociales, puedan ser utilizados para el contrato y el pago de salarios de trabajadoras y trabajadores profesionales. Estamos en total desacuerdo. Eso lleva a que según se hagan arancelamientos o no, o según se atiendan o no a pacientes con obra social o capacidad de pago, se contrate o no se contrate, o se despida, o se deje de contratar trabajadores profesionales. Y si eso hay que hacerlo, corresponde que se hagan y que sean parte de la planta del Sistema Público de Salud, que ingresen por concurso y que tengan estabilidad laboral como cualquier trabajador”.
Y por otro lado, el pago de “incentivos económicos al personal dedicado a la atención de pacientes en hospitales” a partir del arancelamiento a las obras sociales. “Más allá de lo que se recupere y le sirva al Sistema de Salud, incentivos económicos para que se haga arancelamiento llevaría a una ruptura en la cadena de atención de las y los pacientes, llevaría a una ruptura de la equidad, la universalidad y la gratuidad en la atención de la salud pública. Porque eso lleva a que se den turnos en forma diferenciada o a que se priorice atender a algún paciente con determinada obra social por sobre otra o por sobre pacientes que no tengan obra social”.
El Sindicato de Profesionales de Neuquén no se oponen al cobro a las obras sociales para que esos fondos sean utilizados para cuestiones propias del Ministerio de Salud pero se oponen a que se les diga a las y los trabajadores “que se les va a incentivar y que se les va a mejorar el salario a partir de cuánto arancelamiento se haga, al margen de que pueda corresponder hacerlo”, dijo preocupado Ferrari.
Los legisladores y legisladoras junto a profesionales de la salud pública debatirán si acompañar o no el fortalecimiento y ampliación del arancelamiento a las obras sociales, intentarán limitar los usos de esos fondos o se opondrán al cobro de cualquier tipo de arancel en el sistema público de salud.
En este sentido, ya se pronunciaron algunos diputados oficialistas y opositores. El diputado Andrés Blanco, por ejemplo, criticó la iniciativa al considerar que instala la idea de un hospital de “autogestión” que le quita responsabilidad al Estado que es quien debe garantizar el derecho a la salud.
El diputado Francisco Lépore, de Avanzar, subrayó que el sistema público no lucra con la salud sino que presta un servicio que es un derecho constitucional y planteó que “lo que sí está en juego es la utilización del sistema público por parte de empresas que les cobran a sus afiliados por servicios médicos que muchas veces no tienen atención privada en determinados lugares y la canalizan a través del sector público”.
Desde el bloque de Unión por la Patria, Darío Peralta señaló que se trata de una ley que le da a cada hospital la posibilidad de tener un recurso propio genuino para afrontar alguna necesidad inmediata, sin que eso le quite responsabilidad al Estado para garantizar el derecho a la salud.
