Por Hugo García Crespo*
El pasado 9 de julio, en vísperas del 208 aniversario de la independencia de Argentina, el presidente Javier Milei convocó a los gobernadores para la firma de un “pacto” con el objetivo de refundar al país. Este acto, en lo discursivo, fue una manifestación de política pura destinada a engrandecer la figura del presidente. Sin embargo, en lo político, el impacto va más allá del discurso, ya que obliga a los gobernadores a ser parte de un proceso que no ofrece claridad en cuanto a las soluciones reales para los problemas económicos, políticos y sociales que enfrenta el país.
Es evidente que el mencionado «pacto» fue una acción orquestada por la Casa Rosada, excluyendo todo lo que no está alineado con la agenda del presidente. Este enfoque elimina cualquier perspectiva contraria. Al imponer su propia visión de libertad, están marginando a una gran parte de la población. Esta dicotomía de «nosotros» y «los otros» debilita los fundamentos de cualquier pacto que pretenda ser sostenible a largo plazo. Esto sugiere que los «otros» deben ser silenciados e invisibilizados dentro del proyecto político de la Libertad Avanza.
También, queda en evidencia el rol de los gobernadores, que fueron cómplices en este llamado de limitar las acciones políticas solamente a un sector privilegiado de la Argentina. Empeñando las acciones autónomas de cada provincia para contener y proteger a sus ciudadanos. Dejando aún más en claro que curso va a tomar el Estado en materias de derechos para la sociedad. Este comportamiento resalta una tendencia preocupante en la cual los derechos sociales, políticos y económicos se distribuirán de manera desigual, favoreciendo a aquellos que son considerados productivos y de “bien”; y, desestimando a quienes se perciben como una carga. Porque para la Libertad Avanza, un derecho se merece y se paga.
Esta dinámica pone de manifiesto una visión del Estado donde los derechos no son universales, sino que deben ser merecidos, dejando fuera a los sectores más vulnerables de la sociedad. La exclusión de estos sectores no solo socava la cohesión social sino a la unidad nacional.
Es fundamental que se promueva un debate amplio y profundo en materia de políticas públicas para asegurar que las mismas sean inclusivas, garantizando los derechos de toda la sociedad sin distinciones arbitrarias.
La postura de los gobernadores es clave en este contexto. Su margen de acción es acotado debido a la vigilancia constante del gobierno federal, que observa con recelo quién sigue sus directrices al pie de la letra. Este escenario plantea un desafío significativo para las provincias, ya que deben equilibrar la necesidad de mantener su autonomía con la presión de alinearse con las políticas nacionales. En este escenario los gobernadores podrán ser cómplices o no, donde tendrán que decidir si actúan en beneficio directo a sus jurisdicciones o someterse a las políticas de Milei.
Capítulo aparte fue el cierre de los festejos de la independencia, marcado por un gran desfile realizado en la ciudad de Buenos Aires. Este evento no solo celebró un momento crucial en la historia del país, sino que también se convirtió en una plataforma para que el gobierno nacional mostrara su poder y coordinación.
*Licenciado en Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires
