El Ministerio Público Fiscal de Neuquén formuló cargos a dos empresarios y un empleado por presunta contaminación ambiental y administración fraudulenta relacionada con una planta de residuos peligrosos en la provincia.
Representantes del Ministerio Público Fiscal (MPF) de Neuquén formularon cargos ayer a dos empresarios y un empleado que, mientras estaban a cargo de la operación de una planta de residuos peligrosos, simularon ganancias por la realización de tratamientos que no se concretaron, con el objetivo de obtener ventajas patrimoniales.
La empresa acusada es la Compañía de Saneamiento y Recuperación de Materiales Sociedad Anónima (Comarsa) y la maniobra investigada, que abarca desde 2014 hasta la actualidad sobre un predio ubicado en el parque industrial de Neuquén capital, consiste en haber contaminado el ambiente y puesto en peligro la salud de la población.
Según la teoría de la Fiscalía, la empresa recibía residuos hidrocarburíferos provenientes de la explotación petrolera y entregaba a la empresa YPF certificados de haber tratado esos residuos y realizado la disposición final, cuando en realidad esos residuos no eran tratados.
«Ante reiteradas denuncias de los vecinos, la empresa presentó un plan para el tratamiento de esos residuos y el traslado de la planta a una nueva sede de tratamiento cerca de la localidad de Añelo», informó el MPF a través de un comunicado.
Ese plan tampoco se respetó y «la planta de parque industrial quedó abandonada, dejando un pasivo ambiental de más de 300.000 m2 de residuos sin tratar», precisaron los fiscales.
Además de acusar a quienes apuntaron como responsables por la maniobra, el fiscal jefe Maximiliano Breide Obeid y la asistente letrada Julieta González solicitaron un embargo de los bienes de la empresa y de dos de los imputados «hasta cubrir un total de U$7.000.000».
Los imputados son Juan Manuel Luis, presidente de la empresa desde el 1 de abril de 2014, accionista mayoritario y controlante de Comarsa; Héctor Emilio Basilotta, director suplente entre abril de 2014 y mayo de 2017, que permaneció en posición de decisión hasta enero de 2021 y tuvo funciones delegadas de administración y control; y F.A.P, quien entre principios de 2013 y septiembre de 2016 fue gerente general y responsable técnico de la firma, y reportaba en forma directa a los otros dos acusados.
Desde la Unidad Fiscal de Delitos Ambientales se les atribuyó «contaminación peligrosa para la salud pública y administración fraudulenta».
La acusación también es impulsada por la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y por la Asamblea por los Derechos Humanos de Neuquén(APDH), ambas entidades en carácter de querellantes particulares.
El juez de garantías Mauricio Zabala declaró la causa como compleja y estableció un plazo de investigación de un año.
Además, dictó embargos de bienes y la prohibición de salir del país para los tres imputados.
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