El Comité Provincial para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes de Neuquén (CPPT) publicó su informe anual 2024, exponiendo la crítica situación de las unidades de detención y comisarías de la provincia. La falta de infraestructura adecuada, el hacinamiento y la degradación de derechos humanos fueron problemas transversales en los monitoreos realizados.
El relevamiento incluyó visitas a las Unidades de Detención 11, 12 y 16, así como a trece comisarías de Neuquén, Centenario, Plottier y Senillosa. Allí, el CPPT constató sobrepoblación crítica y condiciones inaceptables. En la Unidad 11, diseñada para 233 personas, se alojaban 264 internos, quienes denunciaron problemas de ventilación, falta de agua potable y alimentación deficiente. “Más del 90% de las personas entrevistadas indicaron que la comida no es entregada en buenas condiciones”, advierte el informe.
Además, se detectó la presencia de cucarachas, ratas y problemas sanitarios en casi todas las instalaciones monitoreadas. El CPPT también alertó sobre instalaciones eléctricas precarias que “ponen en riesgo a los internos ante posibles incendios” y la ausencia de sistemas contra incendios y salidas de emergencia.
Las comisarías, diseñadas para alojamientos temporales, también enfrentan problemas graves. “Altos niveles de hacinamiento y falta de higiene son moneda corriente”, señaló el organismo. En muchos casos, detenidos con condena son retenidos de manera permanente, violando la normativa vigente.
La Unidad 16, destinada a mujeres, evidenció falencias específicas. Las madres conviven con sus hijos menores, pero los niños “no reciben una dieta diferenciada adecuada para su desarrollo”. También se verificó la falta de calefacción y el deterioro de las instalaciones.
El CPPT resaltó que la falta de recursos impidió extender los monitoreos al resto de la provincia, limitándolos a la zona Confluencia. Pese a ello, el organismo brindó 44 denuncias concretas sobre agresiones físicas, falta de atención médica y condiciones indignas de detención.
El informe concluye con un llamado urgente a las autoridades para “tomar medidas estructurales y garantizar el respeto de los derechos humanos en contextos de encierro”. El CPPT advirtió que la implementación de la Ley de Emergencia Carcelaria, sancionada recientemente, no ha resuelto los problemas de fondo y exige mayor voluntad política.
