La Defensoría del Pueblo coordinó la reunión con los equipos técnicos de los organismos que forman parte de la comisión de seguimiento y fiscalización de la apertura del brazo Todero, del río Limay.
Estuvieron presentes Rubén Villablanca y Gabriela Espinosa, por la subsecretaría de Medio Ambiente y Protección Ciudadana de la Municipalidad de Neuquén; Freddy Morate, en representación del área legal de la Municipalidad de Neuquén; Pablo Vega, por la subsecretaría municipal de Planificación y Proyectos; Verónica Bouzon, de la subsecretaría de Recursos Hídricos; Gladys Marchesi, Giselle Orellano, Melina Bessone, por la secretaría de Ambiente de la Provincia de Neuquén; Guillermo Diaz, por la Fiscalía de Estado; y Emmanuel Guagliardo, Javier Palazzolo, Noelia López, Luis Carrizo y Cinthya Araneda, por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Neuquén.
Repasaron que el objeto de la comisión de “Seguimiento de apertura saneamiento y sistematización del brazo Todero” consiste en hacer el seguimiento del proceso que se inició el año pasado respecto de las obras sobre puente Anaya.
Los referentes de Recursos Hídricos explicaron que actualmente las obras están paralizadas y se está trabajando con las autoridades provinciales y las firmas adjudicatarias para avanzar en la renegociación de los contratos de modo de poder retomar las actividades.
La Defensoría del Pueblo hizo referencia a los reclamos de los vecinos por tala de árboles y otras alteraciones al ambiente, por lo que se acordó coordinar una inspección al lugar para documentar la situación actual y determinar la responsabilidad en la quita de ejemplares. Respecto de la zona de obra, se recordó la importancia de su cerramiento y cercado, de modo de evitar que los vecinos accedan y circulen por allí. Las tareas de delimitación están a cargo de la empresa responsable de la obra.
Respecto al estudio integral de impacto ambiental de la obra total, desde la secretaría de Ambiente informaron que están evaluando antecedentes judiciales y administrativos respecto de la apertura para definir la competencia ambiental sobre la obra, lo que podría corresponder de manera concurrente a las áreas municipales y provinciales. De este modo, se recordó la relevancia de generar las condiciones de participación ciudadana y acceso a la información pública ambiental. En ese marco, se acordó la necesidad de gestionar un espacio de encuentro con los vecinos.
