Con la incorporación de nuevos tramos, la ley de peajes sigue generando controversia por el impacto en las economías familiares y la posible privatización de las rutas provinciales.
En una sesión cargada de debates y tensiones, la Cámara de Diputados de Neuquén sancionó ayer la ley 3439, que habilita el cobro de peajes en varias rutas de la provincia. La medida, destinada a financiar y reparar obras viales, ahora incluye tres nuevos tramos: las rutas 5, 6 y 8, además de las ya priorizadas 7, 17, 51 y 67. «Son las que atraviesan el corazón de Vaca Muerta», justificó la diputada del Movimiento Popular Neuquino Daniela Rucci.
Durante el tratamiento en particular de la ley, Rucci propuso una modificación al artículo 6° para exceptuar explícitamente a los vehículos particulares radicados en la provincia del pago de peajes. Sin embargo, la propuesta no obtuvo los votos necesarios, manteniendo una redacción ambigua que permite exceptuar hasta el 99% del pago según lo determine la reglamentación.
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El arco opositor no tardó en criticar la falta de claridad de la ley. «No queda claro si el peaje lo van a pagar las familias neuquinas o solo el transporte pesado de las operadoras hidrocarburíferas», alertaron los diputados opositores. Reflejaron una preocupación generalizada sobre el impacto económico en la vida cotidiana de los ciudadanos.
La diputada Rucci defendió la medida enfatizando la necesidad de mejorar la infraestructura vial. «Es fundamental incluir a Buta Ranquil y Barrancas en el proyecto, y asegurar el mantenimiento necesario», afirmó. También insistió en la importancia de exceptuar a los vehículos livianos radicados en la provincia: «Es crucial que todos los ciudadanos que transiten las rutas tengan una herramienta que los excluya del pago».
Por su parte, Darío Martínez, de Unión por la Patria, advirtió sobre el impacto del peaje en la vida de los neuquinos: «Este artículo encarece la vida de todos los neuquinos. Cualquier vecino que tenga que venir al médico a Neuquén se verá afectado».
El diputado Andrés Blanco, del Frente de Izquierda, fue aún más crítico, y señaló que «el Estado provincial, ante la falta de recursos de Nación, entrega a empresas privadas la concesión de las rutas provinciales garantizándoles la rentabilidad por 15 años. Las obras viales, con esta ley, pasan a ser un negocio y no una necesidad para garantizar la circulación libre y segura de la población». Blanco denunció la gravedad de la privatización de las rutas neuquinas, advirtiendo que «van a priorizar las que sean rentables para las empresas petroleras, y dejar abandonadas las rutas y caminos que la población del interior de la provincia reclama».
En contraste, Yamila Hermosilla, de Comunidad, defendió la medida y destacó que, si por poner peajes en las rutas neuquinas y para los neuquinos “había que pagar un costo político”, dijo que lo iban “a pagar con nombre y apellido”.
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La sesión de ayer dejó en claro que el debate sobre la ley de peajes está lejos de terminar, con una oposición que exige una revisión de las medidas y una mayor transparencia en la implementación de los peajes. Mientras tanto, las familias neuquinas esperan con incertidumbre cómo esta ley afectará su economía diaria y su acceso a servicios esenciales.
