Compartimos análisis de Pablo Scatizza, historiador, profesor e investigador de la Universidad Nacional del Comahue y Roberto Samar, licenciado en Comunicación Social UNLZ, especialista en Comunicación y Culturas UNCO y profesor de la UNRN.
El sociólogo francés Pierre Bourdie desarrolló en su larga trayectoria intelectual la noción de “violencia simbólica”, para referir o describir diversas formas de dominación que son ejercidas a través del lenguaje, de las formas de representación, de valores, etcétera, que son internalizadas por las personas y que son aceptadas como “normales” o “naturales” en un orden social determinado. Se trata de un concepto teórico muy potente que no pretendemos -ni podríamos- desarrollar acá, pero que puede resultar operativo para pensar las maneras en que solemos naturalizar diversas formas de violencia “indirecta” (es decir, no física o material) que puede ejercer una persona sobre otra, así como instituciones estatales, medios de comunicación y otros artefactos culturales (como el cine o la televisión) sobre determinados sectores de la sociedad. Expresiones de violencia como lo son la dominación masculina propia de todo sistema patriarcal, por ejemplo, o la discriminación racial, de género o clase tendientes a perpetuar las desigualdades, prejuicios y estereotipos sobre determinados sectores de una sociedad.
Las personas privadas de su libertad son, sin dudas, un blanco frecuente de esta forma específica de violencia -entre otras, por supuesto-, por lo cual ponerla en evidencia y denunciarla resulta fundamental para lograr su eliminación. ¿Cuál es la funcionalidad de esa violencia simbólica que se ejerce sobre las personas detenidas? ¿Qué efectos tiene? ¿Qué fines persigue? Está claro que no es posible en estas pocas líneas intentar siquiera agotar el tema, pero sí intentaremos proponer algunas líneas para poder reflexionar al respecto, tomando como punto de partida lo habitual (“lo común”, “lo natural”) que resulta ver en series y películas la recreación permanente de un discurso que asocia a las personas detenidas con la monstruosidad; así como la coexistencia de esta narrativa con aquella que invisibiliza a estas personas en la agenda informativa de los grandes medios de comunicación.
Néstor Giménez, Coordinador Patagónico de la Rama de Liberados del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), y recientemente seleccionado para integrar el Comité Provincial contra la Tortura de Neuquén (CPCT), subraya al respecto: “la ficción nos muestra una cárcel violenta, donde hay una convivencia con la policía, con la corrupción y la droga. Si bien es cierto que eso sucede, no es la mayoría. Estaría bueno que también se muestre que existe educación en contexto de encierro, que existen espacios de formación. Incluso funcionan universidades. Que hay complejos como el de San Martín de la Provincia de Buenos Aires que son cárceles escuelas. Se piensa que la gente que está en las cárceles es monstruosa justamente por lo que se muestra y se termina legitimando políticas punitivistas”.
No son pocos los largometrajes, series y otros formatos de producciones audiovisuales nacionales o extranjeras que pretenden representar la vida dentro de los muros de una prisión. En todas ellas, la violencia física en sus más diversas formas, la estigmatización, el racismo, la homofobia y todo tipo de prejuicio forma casi siempre parte del relato que los constituye. Y como parte de un bucle narrativo, ese relato se naturaliza y retroalimenta por los medios de comunicación mediante discursos punitivistas y estigmatizantes que terminan legitimando la violencia institucional, la represión y la vulneración de derechos. Formas de violencia simbólica que contribuyen a profundizar la discriminación a la que están condenadas a sufrir esas personas una vez que recuperen su libertad.
Sin embargo, la realidad de las unidades de detención es profundamente compleja, lejana de los estereotipos mediáticos que nos impone el cine y la TV. Existe sobrepoblación, violencia institucional, represión sistemática sobre sus cuerpos y una permanente vulneración de derechos; sin dudas. Pero es necesario señalar que también algunas regiones del país existen y resisten experiencias de educación universitaria en contexto de encierro, talleres artísticos y actividades deportivas inclusivas que a la larga arrojan resultados muy positivos. Lamentablemente se trata de experiencias poco o nada sistematizadas desde los estados nacional y provinciales, y en su mayoría dependen de voluntades de colectivos y organizaciones sociales que entienden que el ejercicio de derechos reduce la violencia. Porque una persona detenida que aprendió un oficio, accedió a la educación y que fortaleció sus redes afectivas contará con más herramientas para vincularse y sentirse incluido cuando recupere la libertad.
El Comité Provincial para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradante de Neuquén, que fue creado mediante la Ley N° 3213 en 2019 pero que las autoridades de la Legislatura se resisten a poner en funcionamiento, tiene entre sus funciones “diseñar y proponer campañas públicas de concientización sobre la problemática de las personas en situación de encierro”, justamente para problematizar los discursos discriminatorios y estigmatizantes presentes en nuestra sociedad. En este sentido, poner en debate estas narrativas sobre las que se sustenta la violencia simbólica sobre las personas privadas de su libertad, visibilizando al mismo tiempo la vigencia de aquellos derechos que le son vulnerados, resultan pasos imprescindibles para construir una sociedad menos violenta y más inclusiva.
