El lunes, el Foro en Defensa de los Niños, Niñas y Adolescentes (Ley 2302), junto con el diputado del Frente de Izquierda Andrés Blanco y varias organizaciones, realizaron una audiencia pública en la Legislatura de Neuquén. La reunión juntó a decenas de entidades dedicadas a la infancia y adolescencia para debatir la propuesta de reducir la edad de punibilidad a 13 años.
Blanco criticó el proyecto presentado por el gobierno de Javier Milei, calificándolo como una medida que supera incluso los estándares represivos de la dictadura. Blanco señaló que, en un contexto donde el 70% de los niños vive en la pobreza, no se necesitan más cárceles sino inversiones en educación y salud. “Las infancias y adolescencias necesitan una protección especial. No se necesitan más cárceles, se necesitan escuelas, hospitales y centros culturales”, afirmó.
Además, destacó que la mayoría de los delitos juveniles no son cometidos por jóvenes de 13 años, y criticó la manipulación de datos sobre criminalidad infantil para justificar el endurecimiento de las leyes. “El 0,45% de los jóvenes participa en delitos, mientras que 1 millón no cenan. Debemos atacar al narcotráfico y las redes de trata, no a los jóvenes en situación de vulnerabilidad”, agregó.
Mónica Belli, médica pediatra y trabajadora de salud pública jubilada, detalló los proyectos en discusión en el Congreso. Explicó que existen varias propuestas con diferentes edades de punibilidad, desde los 12 años hasta los 15 años, todas las cuales podrían aumentar la exposición de los jóvenes al sistema penal. “Estos proyectos proponen penas altas y, en muchos casos, no prevén alternativas al encarcelamiento”, comentó Belli.
Nara Oses, primera defensora de los derechos del niño de Neuquén, aportó datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que destacan la insuficiencia de las respuestas estatales frente a la violencia y la inseguridad. Oses mencionó que las políticas propuestas no abordan las causas sociales de la violencia y destacó que los niños y adolescentes son los más afectados por la exclusión y la falta de protección adecuada.
Mariela Borgia, defensora penal adjunta del niño, niña y adolescente, afirmó “no hay datos concretos que justifiquen bajar la edad de punibilidad” y habló sobre la realidad del delito juvenil en Neuquén. “En la provincia, el dato concreto es que el delito adolescente no llega al 5% en relación al delito de adultos. Si consideramos los delitos graves, este porcentaje se reduce aún más. Además, al pensar en adolescentes menores de 16 años, que son los no punibles y a quienes el proyecto pretende penalizar, el número disminuye todavía más. Quienes quieren bajar la edad de punibilidad para reducir la criminalidad juvenil no se basan en datos objetivos, concretos ni ciertos”.
Durante la audiencia, se acordó presentar un proyecto de Comunicación al Congreso para que la Legislatura de Neuquén se oponga a la baja de la edad de punibilidad y defienda la Ley 2302. También se exigirá al Ejecutivo Provincial información sobre el presupuesto destinado a la implementación de programas de protección infantil.
Participaron de la audiencia defensores y defensoras de los derechos del niño, niña y adolescente del Poder Judicial, el Comité para la Defensa de la Ética, la Salud y los Derechos Humanos, la APDH, la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Comahue, el Obispado, el Equipo de la Marcha de los Derechos de Niños y Adolescentes, el Servicio Maltrato y Abuso Sexual Infantil-Línea 102 del Hospital Castro Rendón, el área de adolescencia del Servicio de Adicciones del Hospital Castro Rendón, el Colegio de Profesionales de Psicología y Trabajo Social, Aten Provincial, Aten Capital, la Confederación Mapuche, la colectiva La Revuelta, entre otras organizaciones presentes junto a estudiantes, trabajadoras y trabajadores de distintas áreas del Estado que trabajan con infancias.
Con información de La Izquierda Diario.
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