Los sindicatos estatales de Neuquén que integran el Frente Gremial se reunieron este viernes y emitieron un duro comunicado dirigido al gobierno provincial y nacional.
El Frente Gremial de Neuquén expresó a través de un extenso documento su preocupación por las medidas anunciadas por el gobierno y el avance sobre los derechos y el salario de las y los trabajadores y la política del “orden”, con el protocolo antipiquete. Pidieron fecha de aguinaldo y negociaciones salariales.
Este reagrupamiento gremial está integrado por el sindicato docente (ATEN, la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), trabajadores de la Legislatura (ANEL), judiciales (SEJuN), de la Salud (Siprosapune), municipales (Sitramune), la agrupación de sindicatos de empleados municipales patagonicos (Fasemp) y trabajadores de vialidad (Unavp).
Con relación a las medidas del gobierno nacional el Frente Gremial rechazó “el avance contra los derechos de los trabajadores adquiridos a lo largo de la historia” y denunció que la variable de ajuste del modelo económico que implementan “nuevamente” en el país tendrá una “consecuencia que todos ya conocemos”.
También rechazan y repudian “la política de orden”, en referencia al protocolo antipiquete que anunció la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich. Lo consideran “la habilitación para la represión como única respuesta a la problemática social que va a generar el plan de ajuste”.
Con respecto al gobierno provincial exigieron que se confirme la fecha de pago del sueldo anual complementario y que se inicien las negociaciones sectoriales de los salarios pertenecientes al periodo 2024. “En un escenario inflacionario y de incremento del costo de vida que sólo puede amortiguarse con una pauta salarial atada al Índice de Precio al Consumidor (IPC)”, señalaron.
También exigieron que se sostenga la eliminación de la cuarta categoría del Impuesto a las ganancias ya que significa una “enorme conquista que restituyó la integralidad del salario al conjunto de los trabajadores de nuestro país”. Y remarcaron que “es un derecho adquirido por todos los trabajadores de la administración pública con la Ley 3378 que excluyó la Zona Desfavorable del cálculo de dicho impuesto”.
