La legisladora Yolanda Mansilla ha presentado un proyecto de ley que busca implementar exámenes médicos anuales, incluyendo rinoscopía, para funcionarios del Poder Ejecutivo y miembros de la Policía de Río Negro, con el fin de detectar posibles adicciones a drogas ilegales y garantizar la transparencia en el ejercicio de la función pública.
La legisladora del bloque de Primero Río Negro, Yolanda Mansilla, presentó un proyecto de ley que establece la obligatoriedad de realizar estudios médicos anuales para obtener un Certificado Psico-Físico, dirigido a los funcionarios del Poder Ejecutivo hasta la categoría de Director, así como a los miembros de la Policía de Río Negro hasta el rango de Subcomisario, con el fin de detectar la adicción a drogas ilegales.
De acuerdo con la propuesta, los estudios se llevarán a cabo una vez al año y comprenderán los siguientes exámenes: un examen psiquiátrico, rinoscopía, análisis de orina completo y análisis de sangre completo. La autoridad encargada de aplicar esta medida será el Ministerio de Salud de la Provincia de Río Negro.
La doctora Mansilla en su proyecto fundamentó que “se trata de ampliar los alcances de la le ley 3550 de ética pública que establece que los funcionarios deben garantizar, entre otras cuestiones, la actuación en base a los principios de probidad, dignidad e independencia, e incorporando en este caso a miembros de la Policía de la provincia, que tiene a su cargo el mantenimiento del orden y la seguridad pública actuando en el cuidado y resguardo de la vida y los bienes de los ciudadanos”.
La legisladora mencionó que “de ninguna manera la iniciativa tiene que ver con valorar los derechos individuales independientes, pero si contrarrestar consecuencias perjudiciales a terceros, e incluso dispone absoluta confidencialidad y programas de rehabilitación en caso de ser necesarios”.
El proyecto invita a adherirse al Poder Judicial, al Ministerio Público y los municipios, extendiendo así su alcance a otras esferas del poder público.
La propuesta busca promover la transparencia y la integridad en el ejercicio de la función pública, así como salvaguardar la seguridad y el bienestar de la comunidad
