La represión contra las comunidades mapuche en las inmediaciones de la Casa de Gobierno de Neuquén llevó el reclamo hasta la Legislatura provincial. Mientras el oficialismo defendió el accionar policial, desde la oposición denunciaron excesos y presentaron iniciativas para exigir el reconocimiento legal de las comunidades.
La legisladora Julieta Ocampo (FIT-U) calificó como “un reclamo legítimo” la solicitud por la personería jurídica de las comunidades Newen Kura, Fvta Xayen, Ragilew Cárdenas y Kelv Kura. “La respuesta fue un ejercicio desmedido de la fuerza que incluyó detenciones y heridos”, afirmó.
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El diputado Andrés Blanco, del PTS–FIT-U, indicó que la solicitud se tramita desde hace un año y aseguró que el expediente está próximo a la firma. En la misma línea, Darío Martínez (UxP) confirmó que la etapa de dictamen del trámite se encuentra concluida.
Desde el bloque Comunidad, Ernesto Novoa sostuvo que el desalojo “se ajustó a derecho” y consideró la manifestación como una forma de “extorsión, amenaza e intimidación” para que el gobierno otorgue la personería jurídica por la fuerza. Recordó que en septiembre de 2024 la comunidad bloqueó accesos a áreas hidrocarburíferas, lo que derivó en un acuerdo para avanzar con el trámite administrativo. “¿Qué diálogo puede darse así?”, cuestionó.
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El diputado Marcelo Bermúdez (PRO-NCN) redujo el conflicto a una cuestión monetaria. “En provincias sin petróleo no existen estos conflictos”, afirmó, y vinculó el pedido de personería jurídica en Vaca Muerta con la intención de presionar y exigir fondos a las petroleras.
Previo a la sesión, diputados del FIT junto a integrantes de la Confederación Mapuche realizaron una conferencia de prensa.
Diputados y concejales del Frente de Izquierda, junto a referentes de la Confederación Mapuche, presentaron proyectos para repudiar la represión y demandar la entrega de las personerías jurídicas pendientes.
Blanco denunció “una brutal represión” contra los pueblos originarios y calificó el operativo como “racista”, con violencia ejercida sobre “niños, niñas, mujeres y mujeres mayores”. Afirmó que “el gobierno de Rolando Figueroa regaló esta imagen a las petroleras”.
Ocampo vinculó la represión y la negativa a entregar las personerías con “la profundización del extractivismo y del saqueo”. Afirmó que la represión se dirige contra “quienes luchan por sus derechos” y convocó a la movilización del jueves a las 17 horas en Neuquén.
Desde la Confederación Mapuche, Yuliana Nawel Paredes aseguró que la lucha “no tiene miedo” y denunció ataques dirigidos contra “quienes educan dentro del pueblo mapuche”, un mensaje que afecta la identidad de sus infancias. Mario Raiyan alertó sobre las “mentiras del ministro Jorge Tobares” y acusó al gobierno de desconocer la ley, incluyendo un dictamen de la Corte Suprema de Justicia de 2012.
Raiyan advirtió que la represión pudo tener consecuencias fatales y destacó “la enorme solidaridad de los vecinos y organizaciones” que acompañarán la marcha de este jueves. Concluyó: “Estamos convencidos de que será histórica y demostrará al gobernador que la población quiere un Neuquén más tranquilo”.
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