La Fiscalía y las querellas solicitaron este lunes que se declare culpables a los seis imputados por la explosión en la Escuela 144 de Aguada San Roque, ocurrida el 29 de junio de 2021, que resultó en la muerte de Mónica Jara y de los trabajadores Nicolás Francés y Mariano Spinedi.
“Nosotros valoramos que se hayan podido plantear las posiciones de la Fiscalía y de las querellas, que es el resultado de tres años y medio de trabajo y que se expuso durante diez audiencias con una enorme cantidad de testigos. Todos ellos dieron cuenta de lo que hicieron los que están hoy imputados y que causó la explosión y luego la muerte de Mónica, Nicolás y Mariano”, afirmó Marcelo Guagliardo, Secretario General de aten.
Durante aproximadamente siete horas, presentaron conclusiones en conjunto el fiscal Gastón Liotard, junto a los abogados querellantes Federico Egea, apoderado de la familia de Francés, y Emanuel Roa Moreno, quien, junto a Darío Kosovsky, representa a los familiares de Mónica y Mariano, así como a ATEN. Se reclamó que el ex subsecretario de Obras Públicas, Roberto Deza, sea declarado culpable como coautor del delito de administración fraudulenta o infiel en perjuicio de la administración pública.
Para Raúl Capdevila, director provincial de Obras Públicas; Carlos Córdoba, director de Obras Públicas; y Sergio Percat, inspector a cargo de la obra, se solicitó la culpabilidad como autores del delito de estrago culposo en su forma agravada por el resultado muerte, en perjuicio de Nicolás Francés, Nicolás Spinedi y Mónica Jara; en concurso real con el delito de administración fraudulenta o infiel en perjuicio de la administración pública, en carácter de coautores. Además, se reclamó que Percat sea declarado culpable como autor del delito de falsificación ideológica de documento público.
Por último, para Héctor Villanueva, socio gerente de Arte Construcciones, y Diego Bulgheroni, director de la obra, se solicitó que sean declarados culpables por el delito de estrago culposo en su forma agravada por el resultado muerte, en concurso real con el delito de administración fraudulenta o infiel en perjuicio de la administración pública, en carácter de partícipes necesarios.
La jornada concluyó con el alegato de Juan Manuel Coto, quien reclamó la no culpabilidad de sus defendidos, Carlos Córdoba y Raúl Capdevila.
Al término de la extensa audiencia, Guagliardo remarcó que «si alguno de los imputados hubiese actuado conforme a la normativa y a la responsabilidad que impone el deber de cuidar, hoy no estaríamos aquí. Esto debe terminar con una condena para sentar un precedente y un ‘Nunca más’ morir en la escuela».
Este martes, en la sede judicial de Cutral Co, concluirán los alegatos con las exposiciones de los restantes cuatro defensores.